SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha criticado este miércoles las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre el modelo de educación Infantil de Andalucía y la devolución por parte de la Junta de Andalucía de 112 millones de euros de fondos europeos para la creación de más plazas públicas en la etapa educativa de 0 a 3 años. El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, ha recordado que “fue un Gobierno del PSOE el que en 2009 instauró el actual sistema de educación Infantil andaluz, en el que conviven las escuelas públicas con privadas y adheridas al Programa de Ayuda a las Familias, que son la gran mayoría de las 2.143 escuelas infantiles registradas en Andalucía”.
“No entendemos el cambio de opinión del PSOE y sus críticas a un sistema que funciona y sostiene a miles de pequeñas y medianas empresas –la mayoría microempresas y muchas cooperativas– que dan empleo a más de 16.000 personas -la mayoría mujeres-“, ha apuntado el responsable de la patronal andaluza en una nota de prensa. La Coordinadora ha abundado también en que se solicitó poder utilizar los 112 millones de euros de los fondos europeos en mejorar las ayudas a las familias “a fin de poder llegar a un mayor número de familias y avanzar hacia la gratuidad de esta etapa educativa, pero desde el Ministerio se rechazó tal posibilidad, algo que lamentamos”.
Victorio ha insistido en que “lo que se tendría que haber hecho con el dinero que se ha devuelto es invertir en mejorar el precio de la plaza y en la gratuidad del primer ciclo de Infantil y no en destruir un tejido empresarial consolidado”. Además, CEI-A ha puntualizado que la decisión de devolver los fondos europeos fue “fruto del consenso” entre el Gobierno de la Junta y las escuelas porque, actualmente, hay casi 24.000 plazas vacantes en Andalucía, y la tasa de escolarización es del 52%, por lo que “se veía innecesario crear 12.000 plazas públicas que lo único que habrían hecho es poner la puntilla a un sector que ha profesionalizado la educación Infantil y ofrece un servicio educativo de calidad con un escaso margen de beneficio”.
CEI ha animado a la ministra “a bajar a Andalucía y conocer de primera mano la realidad de la Infantil de Andalucía, que, como el País Vasco, también tiene sus singularidades, aunque a diferencia de esta comunidad, el Ministerio no haya encontrado la forma de reconducir los fondos”. Por ello, ha pedido a la ministra Alegría “respeto a la autonomía de la comunidad autónoma para apostar por un modelo educativo que funciona, que necesita mejoras, sin duda, pero que genera empleo y mantiene unos estándares de calidad apreciables”.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha recordado este miércoles que “pidió por activa y por pasiva durante tres años al Gobierno de España poder destinar los 112 millones de fondos europeos a la gratuidad del primer ciclo de Infantil, que es lo que necesitan las familias andaluzas y el sector de las escuelas infantiles”, y no a la creación de más plazas públicas.
Ha puntualizado además que, con el modelo de colaboración público-privada “puesto en marcha por gobiernos socialistas en la Junta”, ésta es la comunidad que “mayor número de menores de tres años escolariza (103.800)” y ha incrementado en catorce puntos desde 2018 la tasa de escolarización en este primer ciclo, que en este curso se elevará hasta el 58%, “muy por encima de la media nacional (41,8%)”.
Así ha contestado la Junta a las declaraciones realizadas este miércoles por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, con las que ha vuelto a afear al Gobierno de Juanma Moreno que haya renunciado a estos fondos para crear más plazas públicas gratuitas en las escuelas infantiles –guarderías–. Una parte de esos 112 millones –en concreto 32– han sido repartidos entre siete comunidades autónomas para ofertar más plazas públicas en este ciclo educativo, tal y como desveló el Gobierno tras el Consejo de Ministros de este pasado martes.
“Andalucía tiene disponibles más de 34.000 plazas, con lo que no sólo no tiene sentido destinar esos fondos a la creación de más plazas públicas, sino que esa medida pondría en peligro el modelo andaluz y los 15.000 puestos de trabajo que generan estos centros, en su mayoría pequeñas empresas familiares. La oferta del curso 2024/2025 es de 124.660 plazas, de las que están ocupadas alrededor de 89.000, con la previsión de alcanzar las 105.000”, ha argumentado la Junta.
“El Ministerio se comprometió a buscar una solución, pero nunca llegó a dar respuesta a Andalucía, como sí hizo con otras comunidades, por ejemplo con el País Vasco, al que adaptó los fondos a sus necesidades y características de su sistema”, ha recordado la Administración autonómica, que ha destacado, igualmente, que fue el sector andaluz de escuelas infantiles el que “pidió a la Junta la devolución de los fondos si el Gobierno de España no permitía respetar y potenciar la singularidad del modelo ampliando la gratuidad, y esa devolución de los fondos se incluyó en un acuerdo del pasado mes de marzo con la Junta en la que también se estableció una hoja de ruta para seguir avanzando en la gratuidad de las plazas para las familias a partir del curso 2025/2026”.
Antes de devolver los fondos, la Junta ha puntualizado que abrió una línea de subvenciones de 52 millones a los ayuntamientos andaluces en zonas donde no hubiera oferta de plazas o una oferta insuficiente, y que sólo cubrió 1,8 millones. La gratuidad total de las plazas del primer ciclo de Infantil alcanza al 50% de las familias andaluzas con hijos escolarizados y la práctica totalidad (103.800 el curso pasado) tiene alguna bonificación, con una inversión de la Junta de 250 millones, según los números ofrecidos por la Consejería.
De hecho, ha destacado que asume la financiación con fondos propios de “una gran cantidad de medidas” en el ámbito educativo que el Gobierno de España impulsa “sin repartir recursos” entre las comunidades, caso de la nueva ley de FP (22 millones) y en casos concretos como el acceso de los profesores técnicos de FP al cuerpo de Secundaria, para el que la Consejería ha tenido que asumir una inversión de 32 millones anuales.
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