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La sentencia del Constitucional permite al Govern regular y diferenciar entre taxis y VTC, según Taxis-Pimem

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PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxis (Amtat), integrada en Pimem, ha indicado que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula los 30 minutos de precontratación para los VTC, también deja margen al Govern para regular y establecer una normativa que diferencie los servicios de los taxis de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Así lo ha asegurado el presidente de la organización, Biel Moragues, que, desde su punto de vista, el fallo judicial tiene un aspecto “negativo”, ya que taxis y VTC “no son lo mismo”.

El representante de Taxis-Pimem ha acusado a los VTC de “captar clientes en la vía pública, parar en las paradas de taxis y deambular por la vía pública buscando servicios”. A pesar de esto, Moragues ha destacado que el tribunal reconoce que el Govern tiene el derecho constitucional a “regular el equilibrio entre los dos colectivos”.

Asimismo, se ha referido a otra sentencia del Constitucional en la que se pronunció sobre las competencias en materia de transporte y en la que ha asegurado que se recogía que, al no haber transporte estatal terrestre en Canarias y Baleares, las competencias exclusivas recaían en las comunidades autónomas.

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Para esta futura regulación, desde Taxis-Pimem han reclamado que se base en las sentencias del Supremo y del Constitucional, y no permita captar clientes en la vía pública a mano levantada o parar en las paradas de taxi, entre otras cuestiones.

Moragues ha apuntado que, todo lo contrario, sería una “competencia desleal”, porque los VTC prestan el mismo servicio que los taxis con precios libres, libertad de movimientos, el vehículo que quieren y sin restricciones, mientras que el sector del taxi está “regulado hasta los dientes”.

En ese sentido, ha avanzado que su entidad convocará una asamblea con sus afiliados para el mes de octubre, ya que en septiembre todavía hay bastante trabajo y primero quieren aclarar el aspecto legal con el Govern y los partidos representados en el Parlament.


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