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La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento solicita a Sanidad que impugne el aumento de precio de un anticoagulante genérico después de su retirada

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MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) pidió este martes al Ministerio de Sanidad que recurra el sobrecoste de más de 430 millones de euros que supondrá para el Sistema Nacional de Salud en los próximos tres años la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de prohibir la venta de un anticoagulante genérico que consumen más de 375.000 pacientes en España.

Así lo manifestó la nueva presidenta de la AAJM, la doctora Soledad Cabezón, en un encuentro informativo celebrado en la Organización Médica Colegial (OMC) y en el que se presentó la ‘hoja de ruta’ de la nueva junta directiva de esta asociación que nació hace siete años con el objetivo de defender una sanidad pública universal y el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles.

En su intervención, la doctora Cabezón subrayó que “el gasto farmacéutico actual es una sangría muy perjudicial para nuestro Sistema Nacional de Salud. De enero a mayo de este año el gasto farmacéutico ascendió a 10.148 millones de euros, un 8,1% más que en el 2023, es decir 761 millones de euros más, lo cual es una barbaridad”.

De hecho, remarcó, “el caso del anticoagulante ‘apixaban’ es un ejemplo más de lo que supone los precios abusivos y abuso de posición dominante de los monopolios y la patentes”. Por ello pidió al Ministerio de Sanidad que se presente como parte afectada y exija a la empresa propietaria de la patente, BMS, daños y perjuicios por el sobrecoste de 430 millones de euros que deberá soportar de 2024 a 2026.

La presidenta de la AAJM destacó el ejemplo de Reino Unido donde se anuló la patente de ‘apixaban’ por “falta de actividad inventiva”, una postura totalmente en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que brinda la exclusividad del fármaco a la empresa BMS, propietaria de la patente desde 2001 a 2021 y con un periodo de cinco años adicionales, hasta 2026, gracias al Certificado Complementario de Protección.

HOJA DE RUTA

En el desayuno informativo también participaron el vicepresidente, Ángel María Martín Fernández-Gallardo, y los anteriores presidentes Fernando Lamata y Juan José Rodríguez Sendín.

En el acto se presentó la ‘hoja de ruta’ de la nueva junta directiva. Entre las acciones que llevara a cabo durante esta legislatura destacarán varias jornadas que tendrán como objetivo concienciar a la sociedad y, en especial, al Gobierno de España para que los precios de los medicamentos reflejen los costes reales y no sean precios especulativos por el abuso de las patentes.

Además, seguirá colaborando con organizaciones como Salud por Derecho y No es sano y la organización internacional Alianza Europea para la I+D Responsable y Medicamentos Asequibles, en las que la AAJM está integrada.

Durante el desayuno se abordó la situación del gasto farmacéutico, cuyo exceso por sobreprecios supera los 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones de la AAJM, resultado de “un modelo farmacéutico caduco y perjudicial, que pone por delante de los intereses de los pacientes y de la sociedad los intereses de la gran industria farmacéutica”.

A este respecto, continuó Fernando Lamata, que “es inaceptable que más de un millón y medio de personas en España dejen de tomar una medicina porque no se la pueden pagar”, según la primera oleada del Barómetro Sanitario correspondiente a abril-mayo de 2024. “El SNS es universal y debe ofrecer las prestaciones necesarias, sin que la barrera económica impida el acceso a ningún paciente”.

Asimismo, afirmó que los copagos son “una forma muy discutible de conseguir financiación para la sanidad pública”. Actualmente, las personas activas con rentas menores de 18.000 euros anuales deben pagar el 40%; las personas activas con rentas superiores a 18.000 y hasta 100.000 euros deben pagar el 50% y también los pensionistas hacen frente a los copagos, con determinados límites. La AAJM defendió que la sanidad se debe financiar con impuestos justos y progresivos, y debe ser libre de pago en el momento del uso.


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