MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de La Rioja y la Junta de Extremadura dieron luz verde este martes a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, por entender que “supone un ataque a la democracia y a la configuración constitucional de España”, al igual que ya lo han hecho otras siete comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Madrid, o incluso Castilla-La Mancha, de Gobierno socialista.
El Ejecutivo riojano sostuvo que la norma implica “una importante violación del principio de igualdad y seguridad jurídica, ya que se aprueba para favorecer a sujetos muy concretos, y vulnera los principios de seguridad jurídica y separación de poderes”, por lo que el Gobierno autonómico decidió recurrirla antes de que acabase el plazo este martes 10 de septiembre.
El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital de la Rioja, Alfonso Domínguez, explicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “la tramitación de la norma adolece de importantes defectos, incluidas vulneraciones constitucionales puestas de manifiesto por organismos e informes”, entre ellos, el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, el Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría General del Senado.
En concreto, Domínguez denunció que “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía dada su naturaleza controvertida, y, en este caso, se utilizó la proposición de Ley y el procedimiento de urgencia, de manera que se omitieron informes de órganos consultivos en una Ley de indudable trascendencia constitucional”.
Por ello, la regulación de la amnistía “exigiría previamente una reforma constitucional en forma y fondo, no de forma encubierta y fraudulenta”.
Por último, Domínguez advirtió de que esta Ley “dinamita decisiones firmes adoptadas por el poder judicial”, quiebra el principio de igualdad y seguridad jurídica, “al actuar en un ámbito amplio e indeterminado”, y manifiesta “una rotunda arbitrariedad” puesto que “solo tiene una concreta y evidente finalidad: obtener los siete votos de Junts per Catalunya para la investidura del presidente del Gobierno de España”.
Por su parte, la portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, detalló en rueda de prensa los motivos principales para la impugnación de la Ley de Amnistía, coincidiendo con que “vulnera el principio de separación de poderes, auténtico pilar de nuestro Estado de Derecho, y atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley”, lo cual infringe el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Bazaga manifestó que “la Ley de Amnistía está confiriendo un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles, a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado las conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma”.
Con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura se manifiesta “de forma inequívoca” en defensa de la “igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan”.
El Gobierno extremeño de María Guardiola también ha presentado ante el Tribunal Constitucional recusación frente al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón y los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, porque “consideramos que los tres están inhabilitados para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución, por su falta de imparcialidad debido a su actividad política”, en línea con lo defendido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
- Te recomendamos -
