MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Seis comunidades del Partido Popular registraron este lunes ante el Tribunal Constitucional la primera cascada de recursos contra la ley de amnistía, que se consumará este martes con otra ola de impugnaciones que se presentará a solo un día de que concluya el plazo.
La dirección nacional del PP marcó el camino el jueves pasado, cuando formalizó su recurso y pidió la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez por su “contaminación” política.
El Parlamento de Cantabria fue la primera institución que siguió los mismos pasos que Génova y acudió al TC el pasado viernes. A primera hora de la mañana del lunes, hicieron lo propio los gobiernos de Comunidad de Madrid, Aragón y la Región de Murcia. Y, ya por la tarde, Andalucía y Comunidad Valenciana completaron el primer aluvión de recursos ante el Constitucional, además de la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page.
La segunda avalancha de impugnaciones se producirá mañana martes, cuando los Ejecutivos de Galicia, Castilla y León, Baleares, Extremadura y La Rioja repitan la estrategia. Todo ello, a la vez que el Constitucional debate la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.
El PP argumenta que la Constitución no contempla la posibilidad de aprobar amnistías, al tiempo que prohíbe indultos generales. Asimismo, considera que es contraria a principios fundamentales como la igualdad entre españoles o la separación de poderes. En Génova no tienen “especial confianza” en que el TC declare inconstitucional la ley de amnistía por su “contaminación” política, pero defienden que este paso era una “obligación moral”.
Sea como fuere, el principal partido de la oposición ha apurado al máximo los plazos, una decisión que ya se tomó en junio. Los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar solo en los tres meses siguientes a la publicación de la ley en el BOE. En el caso de la amnistía, fue el pasado 11 de junio, por lo que el PP y las comunidades tenían hasta el miércoles para emprender su ofensiva en el TC.
Con ello, el PP buscaba que los jueces del Tribunal Supremo pudieran pronunciarse sin ningún varapalo del Constitucional. Misma estrategia que con el conflicto de atribuciones que el Senado planteó al Congreso.
La Cámara Alta solicitó a la Baja que suspendiera la tramitación de la amnistía por entender que no era constitucional. La Mesa del Congreso rechazó el requerimiento y el Senado descartó elevar el caso al TC, aunque justificó la decisión en que la respuesta no había sido “adecuada”, ya que opinaba que era el Pleno el que debía pronunciarse. Al no llevar el conflicto de atribuciones al Constitucional, el PP se ahorró el posible varapalo que temían dentro de la formación y la amnistía siguió inédita en los tribunales.
Finalmente, el Supremo acordó el pasado 1 de julio no aplicar la ley de amnistía a los investigados por delito de malversación en la causa del ‘procès’ y mantuvo la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig. Todo ello, sin necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
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