MADRID/VALENCIA, 09 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, confirmó este lunes que el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a su recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, al tiempo que avanzó que solicitará la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez por su “notoria y sonrojante vinculación” al PSOE.
“Hoy cumplimos con la defensa de una España de ciudadanos libres e iguales”, aseveró tras la celebración del pleno extraordinario del Consell, donde aseveró que su Gobierno no dará “ni un paso atrás” en la protección de la Comunidad Valenciana y de sus señas de identidad.
El recurso de inconstitucional abarca a todos los artículos de la amnistía y busca responder “con firmeza, serenidad y con la ley en la mano” una decisión que, a su juicio, cuestiona la igualdad de los valencianos y transforma España en “un país de ciudadanos de primera y de segunda”. “Es una ley antidemocrática que en última instancia premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad”, declaró Mazón.
Al igual que los recursos presentados por otras comunidades gobernadas por el PP, la impugnación se fundamenta en que se trata de una ley que no tiene cabida el ordenamiento jurídico, ya que la figura de la amnistía no sólo no se recoge en la Constitución, sino que las enmiendas con las que se pretendió expresamente la inclusión de la amnistía en el texto constitucional fueron rechazadas.
Además, en el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno autonómico afirma que existe “una especial y reforzada legitimación” por el efecto que produce en la impunidad de quienes participaron en el ‘procés’. “Y ello porque existe una demanda histórica, integrada en el ideario del independentismo catalán, y abanderada precisamente por quienes son amnistiados, que consiste en el reconocimiento de los llamados ‘Països Catalan’”, territorio del que, afirman, forma parte la Comunidad Valenciana.
La presentación de este recurso cuenta con el respaldo del Consejo Jurídico Consultivo, que señala en su informe que hay argumentaciones suficientes para poder interponer el recurso de anticonstitucionalidad.
Entre otros motivos, porque vulnera las previsiones que conciben España como un Estado social y democrático de derecho, con unos valores superiores que inspiran su ordenamiento jurídico, como son la justicia y la igualdad; porque atenta contra la indisoluble unidad de la Nación española y contra el principio constitucional de autonomía; vulnera previsiones esenciales que establecen la sujeción de todos los ciudadanos y poderes públicos en la Constitución y al ordenamiento jurídico; queda lejos de promover la igualdad, y obvia los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
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