VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)
La Asociación Pueblos Globales ha recordado que está a punto de concluir el plazo que dio el Procurador del Común a la Junta de Castilla y León para solventar las “carencias detectadas” y hacer que la educación inclusiva sea efectiva en el medio rural del Nordeste segoviano con los recursos profesionales necesarios.
En un comunicado recogido por Europa Press, esta Asociación ha advertido de que en esta zona de la provincia de Segovia, al igual que en otras que sufren la despoblación, hay un riesgo “evidente” de que familias que optaron por desarrollar allí sus proyectos de vida “se vean abocadas al desarraigo ante la falta de atención adecuada a la educación de sus hijos”.
La organización ha realizado este año una consulta a más de 120 profesionales de la enseñanza infantil, primaria y secundaria de Castilla y León, de centros educativos urbanos y rurales; que arroja datos como que “el 70 por ciento no cuenta con formación específica para atender al alumnado con necesidades educativas especiales”, o que “más del 80 por ciento reclama apoyos especializados para llevar adelante una educación de calidad”.
La Asociación Pueblos Globales, que trabaja con familias con necesidades especiales del medio rural, en colaboración con Codinse (grupo de acción local de la comarca del Nordeste) realizó esta consulta en diferentes centros educativos ordinarios de Castilla y León, a partir de una realidad denunciada por las 20 familias que forman parte del grupo de apoyo de la asociación, en el Nordeste de Segovia.
Pueblos Globales trasladó estos datos al Procurador Común de Castilla y León, que el pasado mes de julio dio un plazo de dos meses a la Consejería de Educación de la misma CCAA para que dé explicaciones acerca de su accionar en materia de educación inclusiva.
“El desamparo de los propios profesionales de la educación, faltos de recursos y desorientados ante este alumnado diverso y con tendencia a multiplicarse, son algunos de los aspectos detectados”, han añadido.
También apuntan que no es infrecuente que en una clase de 15 alumnos se registren “varios casos de niños o niñas con algún tipo de diagnóstico” del espectro autista, hiperactividad, problemas de lecto escritura, dislexia, entre toros.
“La falta de adaptación de los centros educativos urbanos y rurales a estas necesidades”, han advertido, implica un mayor fracaso escolar del alumnado con este tipo de perfiles, “riesgo de exclusión, la falta de integración social y el fracaso de una sociedad incapacitada para la inclusión de personas con diversidad funcional”.
Según la psicóloga especializada en discapacidad Cristina Diez, impulsora de esta consulta a centros educativos, “para favorecer la inclusión de los y las menores con necesidades, es necesario que la distribución de los apoyos sea individualizada y no una cuestión de ratios, y que la administración ofrezca todos los recursos que la persona necesite para que su inclusión sea real. Así lo recoge la Ley Orgánica de Educación y es su derecho y el de todo el alumnado que se cuente en las aulas con los apoyos necesarios”.
Pese a ello, en una Comisión de Educación celebrada el pasado 6 de septiembre en las Cortes de Castilla y León, el Partido Popular hizo caso omiso de la petición del Procurador del Común y rechazó una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para a corregir la situación de desamparo en la que se encuentran los profesionales de la educación inclusiva en los centros escolares del Nordeste segoviano.
“Es imposible para una docente atender a 17 niños de dos años, uno con autismo y otros tres en proceso de diagnosticar, sin apoyos de otros profesionales especializados que trabajen en el aula y sin contar nosotras mismas con la formación necesaria”, relata la Asociación de acuerdo con una de las respuesta aportadas en la consulta.
“Cuando nos referimos a los colegios rurales más concretamente, nos encontramos con la amenaza del desarraigo de las familias que no encuentran adaptaciones adecuadas en los colegios de determinadas comarcas, como la del Nordeste de Segovia, donde interviene la asociación Pueblos Globlales, y cuyas familias usuarias se encuentran en proceso de retirada del territorio debido a esta falta de apoyos”, han lamentado.
También señalan que en las zonas despobladas la falta de recursos en centros educativos “repercute en una grave profundización del problema demográfico, porque la educación inclusiva actúa siempre como un motor de repoblación”. En este sentido, rechazan que la administración pública recurra a derivar a este alumnado a colegios de educación especial, porque en el medio rural despoblado “no existen” o “requieren un cambio de residencia familiar por estar a más de 1h de distancia.
“Por lo tanto, la solución debe radicar exclusivamente en la adaptación y dotación de recursos de los centros ordinarios, en caso contrario, estas familias continuarán abandonando el territorio”, enfatizan en el comunicado.
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