MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional estudiará este jueves si extradita a Estados Unidos a un hombre de nacionalidad británica al que un tribunal de Pensilvania acusa de asociarse ilícitamente con otros para vender por Internet, y sin permiso de los creadores, contenido de vídeo protegido por derechos de autor.
Así consta en un informe del fiscal, recogido por Europa Press, en el que el Ministerio Público se muestra favorable a proceder a la entrega de este hombre al que EEUU acusa de hasta 32 delitos relacionados con estafa por medios electrónicos, infracción de los derechos de autor y asociación ilícita –lo que en España se conoce como pertenencia a organización criminal–.
Tal y como recoge el escrito, el reclamado y otros dos individuos “crearon, promovieron y operaron un servicio ilegal de transmisión de películas y televisión basado en Internet que vendía contenido de video protegido por derechos de autor que los acusados habían tomado sin permiso de varios proveedores de contenido de video. Entre los proveedores a los que presuntamente estafaron están Charter Communications, Comcast Corporation, Verizon, Frontier Communications y DirectTV.
En concreto, entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, participaron en una actividad que fue conocida comercialmente en varios momentos como ‘Reboot’, ‘Gears’, ‘Reloaded’ y ‘Gears Reloaded’. Ofrecían a sus clientes, tanto de EEUU como del extranjero, “acceso a cientos de canales de programación de televisión en vivo, así como, durante un periodo de tiempo, acceso a programación de televisión y películas grabadas”.
La organización realizaba pagos a dos empresas de servidores que almacenaban y alojaban el contenido en vivo y grabado y que permitió el supuesto fraude electrónico. Fruto de esto, durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2019 y el 20 de noviembre de 2019, según el escrito, esta organización ilícita habría provocado que se copiaran sin permiso “muchas mas de diez obras protegidas por derechos de autor, y provocaron que numerosas obras protegidas por derechos de autor se transmitieran a los suscriptores” de su servicio, siempre sin el permiso de los titulares de los derechos de autor.
De hecho, explica, para acceder a la programación de la televisión por cable, los partícipes del fraude habrían “solicitado y recibido decodificadores y otros dispositivos de acceso que les permitieron recibir y ver la programación de televisión por cable ofrecida por las compañías”.
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