MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía General del Estado calculó este jueves en tres años y cuatro meses el tiempo que se precisaría para resolver los 119.143 procedimientos sobre incapacitación o modificación de la capacidad jurídica de personas con discapacidad que están pendientes de disponer de su correspondiente resolución de acomodo a los principios de la nueva legislación.
Así lo refleja la ‘Memoria’ anual del Ministerio Público correspondiente al ejercicio 2023 publicada coincidiendo con la Apertura del Año Judicial, en la que el fiscal general puntualiza que la entrada en vigor del nuevo sistema de apoyos a la capacidad jurídica establecido por la Ley 8/2021 trajo consigo el mandato legal de revisar la situación de los expedientes anteriores, que amparaban la incapacitación o la modificación de la capacidad jurídica.
Asimismo, recordó que el régimen transitorio establecido en la nueva ley instauró un procedimiento de revisión con un marco temporal de tres años, que se afrontó careciendo de datos estadísticos sobre el volumen de asuntos afectados y defendió que la “inminencia” del fin del plazo transitorio otorgado para la realización de los procesos de revisión “obliga a evaluar la situación”.
En este contexto, calculó que a fecha 31 de diciembre de 2023 había un total de 36.116 revisiones finalizadas conforme a la nueva normativa, 77.218 procedimientos de revisión pendientes de iniciar y 31.407 procedimientos de revisión en tramitación en los juzgados competentes, según cifras del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, según la Fiscalía, la valoración del ejercicio 2023 arroja una dinámica progresiva “muy positiva” en relación con los ejercicios precedentes ya que se ha incrementado el ritmo de revisiones realizadas en un 59,75% respecto del año anterior y se ha conseguido reducir en un 28,83% el volumen de los procedimientos sin revisar, si bien calcula que se precisarían tres años y cuatro meses para resolver los 119.143 procedimientos que penden de disponer de su correspondiente resolución de acomodo a los principios de la nueva legislación.
Con respecto a la actividad del servicio especializado en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, remarcó el alcance de la actividad que la unidad desarrolló en la atención ciudadana dando contestación a “múltiples” cuestiones.
Con la pretensión de “fomentar y ampliar” a todas las áreas de intervención del Ministerio Fiscal la “potencialidad” de este canal de acceso ciudadano, la Unidad propuso al Fiscal General del Estado llevar a cabo el diseño de un apartado web denominado ‘Fiscalía Accesible’, que contó con su aprobación.
El proyecto, acometido con la colaboración de los Ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, “aproxima” la información del Ministerio Fiscal al ciudadano, incluidas las personas con discapacidad, facilitando la accesibilidad universal del sitio web ‘www.fiscal.es’ a través, entre otras herramientas, de un lenguaje claro y la lectura fácil, que permiten “acercar” la institución a las personas con discapacidad.
Asimismo, la Fiscalía resaltó en su ‘Memoria’ la firma de un protocolo marco de colaboración con las tres asociaciones bancarias para la efectividad de las medidas de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el ámbito financiero y valoró el Protocolo general de colaboración para la protección patrimonial de personas titulares de productos bancarios con discapacidad o en otras situaciones de vulnerabilidad.
Tras puntualizar que el volumen de casos puestos en conocimiento de la Unidad en el año 2023, un total de 27, triplicó las cifras alcanzadas en el año 2022, el Fiscal General subrayó que este último instrumento permite “ganar rapidez en la reacción” al establecer una comunicación “directa” con las fiscalías provinciales.
EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO
En cuanto a los expedientes de seguimiento tramitados por la unidad especializada en personas con discapacidad y mayores, en 2023 se incoaron un total de 55, lo que supone un incremento del 7,8% respecto del año precedente.
Estas actuaciones comprendieron diversos campos de intervención que incluyen situaciones de abuso o desprotección patrimonial (49%) y el seguimiento de quejas relativas a la situación de personas residentes o ingresadas en recursos sociosanitarios y/o psiquiátricos (23,6%).
En este año la “mayoría” de expedientes respondieron al uso de contenciones/sujeciones, si bien también se analizaron conductas de presunto trato degradante, notificadas por los particulares o las propias fiscalías. En este apartado, el 25% fueron actuaciones referidas a centros y unidades psiquiátricas y el restante 75%, a centros residenciales de personas mayores o con discapacidad.
Entre otros asuntos, en los expedientes también se analizó la evaluación de necesidades de apoyo a la capacidad jurídica de una persona y coordinación de actuaciones de secciones especializadas en dicha materia (17,8%) o la accesibilidad de la justicia (1,8%).
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