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El fiscal general asegura la imparcialidad de su institución y afirma estar sujeto únicamente al “imperio de la ley”

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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió este jueves la imparcialidad de su institución y dijo que actúa sometida “exclusivamente al imperio de la ley”, en clara referencia a que algunos partidos acusen al responsable del Ministerio Público de asumir los planteamientos del Gobierno en determinadas cuestiones, como la ley de amnistía.

García Ortiz hizo esta afirmación al intervenir en el acto de apertura del Año Judicial, que tiene lugar esta mañana en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey.

En su intervención, el fiscal general aludió indirectamente a que formaciones como PP y Vox acusen al actual responsable del Ministerio Público de secundar los posicionamientos del Ejecutivo.

A este respecto, señaló que “la ciudadanía puede estar tranquila”. “El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley”, afirmó.

DUDAS SOBRE LA ACCIÓN POPULAR

“No hay derecho ni democracia al margen de la ley, al margen de la expresión de la voluntad del pueblo. A ella nos debemos y a ella nos sometemos”, añadió.

Al mismo tiempo, García Ortiz aludió a la “novedad relevante” de que se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial y señaló que espera que se inicie “una etapa nueva”, al tiempo que hizo a este órgano un “ofrecimiento sincero de colaboración y cooperación” desde la Fiscalía.

El fiscal general también aludió a la figura de la acción popular y señaló que es una prerrogativa que “en principio” es positiva, pero que su mal uso puede hacer que sea algo “ilegítimo”, ya que permite actuar en un proceso a quienes no son directos partícipes o afectados.

Así, indicó que esta posibilidad de participar en una causa es “un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos”, como cuando se buscan en los procesos “utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales”.


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