El defensor del pueblo valenciano abre una queja de oficio tras tres cogidas por asta de toro a menores en dos meses
VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio con el fin de “investigar y supervisar” las actuaciones de la Conselleria de Justicia como de los ayuntamientos, en los accidentes sufridos por tres menores este verano en festejos taurinos. La institución ha recordado en un comunicado que tiene encomendado, especialmente, velar por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Según han informado desde la entidad, será la Conselleria de Justicia quien, si procede, pida las pertinentes explicaciones a los consistorios afectados y trasladará la información a esta institución. La entidad ha pedido a Justicia que en el plazo de un mes remita un “informe detallado” en el que dé respuesta a sus peticiones.
El Síndic ha indicado que, a pesar de que la normativa valenciana prohíbe “claramente” la participación de menores de 16 años en los espectáculos taurinos tradicionales –como bous al carrer–, en estos últimos dos meses han tenido lugar en la Comunitat Valenciana tres cogidas por asta de toro de personas menores de 16 años, con “graves consecuencias” para su integridad física y pese a las “numerosas medidas de seguridad que se establecen en la normativa que regula este tipo de festejos y de la cantidad de agentes implicados en ellas”.
Por tanto, en aras a determinar si se ha vulnerado el derecho a la protección de la infancia o a la seguridad y salud de los menores, el Síndic ha solicitado informes a la Conselleria de Justicia e Interior sobre las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por esa administración autonómica en cada uno de los festejos taurinos en los que han tenido lugar cogidas a menores de 16 años participantes en el festejo.
Además, solicita un informe acerca del grado de cumplimiento de las medidas de seguridad en cada uno de los festejos, así como de si se ha levantado algún acta por incumplimiento de la normativa de espectáculos.
Igualmente, el Síndic pide una copia de las resoluciones por las que se autorizaba cada uno de los festejos taurinos tradicionales, en las que consten las medidas en materia de seguridad; copia de las comunicaciones efectuadas a los organizadores/directores del festejo; así como de las actas posteriores a la celebración comunicando las incidencias.
Por último, el defensor autonómico también requiere un informe de los respectivos directores de festejos acerca de los hechos y, en caso de que no consten en el expediente, que se reclame para remitirlo a esta institución.
FACTOR SEGURIDAD
Según el Síndic, los datos emitidos por el Ministerio competente “sitúan a la Comunitat Valenciana, año tras año, a la cabeza de las comunidades autónomas que celebran festejos de bous al carrer”. El factor “seguridad” es el nexo que fusiona la tradición con la correcta ejecución de la fiesta y que desemboca en los dos elementos “esenciales” para el adecuado desarrollo de la celebración: ser un acontecimiento popular y la exigencia de responsabilidad en su realización.
Sin embargo, señala que el pasado 27 de julio un adolescente de 15 años sufrió una cogida durante los festejos taurinos de la localidad valenciana de Meliana; el 7 de agosto un adolescente de 13 ó 14 años accedió al recinto acotado de bous al carrer de Simat de la Valldigna, donde sufrió una aparatosa cogida y el día 19 en la localidad de Vilamarxant, un adolescente de 15 años volvió a ser corneado por un toro.
Ante esta situación, la institución recuerda que sus actuaciones “tienden especialmente a la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, y por la legislación sobre la infancia y la adolescencia y de quienes puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal”.
De ahí que, en calidad de defensora de los derechos de las personas y, en particular, de los colectivos “más vulnerables”, uno de los cuales es, sin duda, el de los menores de edad, haya decidido abrir una queja de oficio “con el fin de investigar y supervisar las actuaciones de la Administración en este ámbito referido, por si se pudieran ver afectados el derecho a la protección de la infancia o a la seguridad y salud de los menores”.
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