MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recordó este lunes al Gobierno que la Ley de Vivienda aprobada el pasado 25 de mayo de 2023 le obliga a crear un índice de referencia de actualización de rentas antes de 2025, fecha en la que el actual, que topa las subidas al 3%, dejará de estar vigente, y denunció que esta situación está provocando inseguridad jurídica en arrendadores y arrendatarios.
La ANA afirmó en una nota de prensa que por este nuevo índice deberán regirse todos los arrendamientos de viviendas que se han suscrito desde el 1 de enero de 2024 y todos los arrendamientos de viviendas que deban actualizar sus rentas en el 2025. Esto, según la agencia negociadora, está provocando una inseguridad “importante”, porque ni arrendadores ni arrendatarios conocen en el momento de firmar el contrato de alquiler el mecanismo o sistema mediante el cuál se van a actualizar sus rentas en el futuro.
Asimismo, alertó de que esta sensación de inseguridad jurídica se agrava en el caso de promotores e inversores de viviendas destinadas al alquiler, quienes al no poder conocer las actualizaciones aplicables, les van a faltar datos para hacer análisis financieros completos y calcular la rentabilidad de la inversión.
Por ello, señaló que es probable que los inversores busquen otras vías más seguras en donde puedan conocer por anticipado las reglas.
“Esta inseguridad afecta, tanto a grandes tenedores de viviendas como a pequeños, tanto a alquileres asequibles como a los que no lo son, tanto a particulares como a personas jurídicas”, señaló la agencia negociadora.
Por todo ello, exigió al Gobierno “anticipación, trabajo y capacidad normativa” para evitar problemas que “ya sabían iban a surgir desde finales del 2023” y así evitar el actual déficit que está afectando a la oferta del alquiler de viviendas.
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