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El 22% de los municipios de Castilla y León no presentó sus cuentas generales en 2022, violando la garantía de transparencia

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VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El 88,4 de los ayuntamientos de Castilla y León cumplió con la obligación legal de rendir las cuentas generales del último ejercicio, el del año 2022, aunque el 22 restante lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido en la Comunidad, el 31 de octubre del ejercicio siguiente.

No obstante, la comparación por comunidades autónomas de los niveles de rendición en plazo de los ayuntamientos pone de manifiesto que Castilla y León, pese a tener casi el 30% de los ayuntamientos del país, presenta valores superiores a la media nacional, el 60,1%, con un diferencial de 6,3 puntos porcentuales favorables a esta Comunidad, el más alto registrado en los últimos cuatro años.

Estos han sido algunos de los datos expuestos hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en las Cortes de Castilla y León durante la presentación del Informe Anual de las Cuentas del Sector Público local, que fue aprobado por el Pleno de la institución el pasado 23 de julio en Zamora.

En este sentido, el Consejo de Cuentas remitió un escrito previo a la finalización del plazo de rendición de cuentas a 3.465 entidades, recordándoles esta obligación legal. Y, posteriormente, recordando la finalización del plazo a 1.857 que no habían rendido la cuenta general de 2022 y ejercicios anteriores, instando a su cumplimiento.

Amilivia ha reiterado que “la rendición de cuentas, como deber democrático y obligación legal, garantiza la transparencia que permite a los ciudadanos conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios”.

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Dado el enorme número de entidades locales en Castilla y León, ha insistido en la importancia del papel que han de desempeñar las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo a través de los Servicios de Asistencia Técnica en el proceso telemático de rendición de cuentas, colaborando con las entidades de su ámbito territorial y con especial atención a las de menor tamaño.

LOS AYUNTAMIENTOS, LOS MÁS CUMPLIDORES

El informe pone de relieve que 2.484 entidades locales rindieron la cuenta general en plazo, un 52,4%, con un descenso de 5,8 puntos porcentuales respecto a 2021. Por tipo de entidad, los ayuntamientos presentaron el mejor nivel de rendición en plazo, el 66,4%, si bien se registró una disminución interanual de 3,1 puntos.

Solo aumentó la rendición en Burgos, 1,3 puntos más, registrando un 63,1%. A continuación, las diputaciones, pasando de seis a cinco las que rindieron en plazo. Las entidades locales menores registraron un 39% en su nivel de rendición, disminuyendo 8,6 puntos.

A fecha actual, han cumplido todas las diputaciones, el 88,4% de los ayuntamientos y el 75% de las entidades locales menores, si bien el Consejo Comarcal de El Bierzo continúa sin rendir.

El porcentaje actual de rendición de los ayuntamientos presenta una horquilla provincial que oscila entre el 92,7% de Zamora y el 83,6 de Soria. Del análisis de los incumplimientos, las entidades locales que no rindieron cuentas en plazo legal, un total de 2.256, se desglosan en 756 ayuntamientos, cuatro diputaciones, el Consejo Comarcal berciano, 148 mancomunidades y 1.347 juntas vecinales.

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Dentro de ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, fueron los de Segovia, Zamora y Ponferrada, que rindieron posteriormente. Por su parte, el Consejo Comarcal de El Bierzo sigue sin rendir la cuenta de 2022, así como las de los cuatro ejercicios precedentes.

El Consejo ultima una fiscalización sobre la situación de los ayuntamientos más incumplidores en la rendición de cuentas, cuya aprobación puede darse este mes.

RECOMENDACIONES

En el capítulo de recomendaciones, en la ‘Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales’ se propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración; o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones a la efectiva rendición de cuentas.

En relación con esta última propuesta, Amilivia ha incidido en la novedad introducida en 2021 por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo, constituyó un avance muy relevante en relación al cumplimiento de esta reivindicación histórica.

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“Más allá de que este año, como ya he indicado anteriormente, se ha reforzado el requisito establecido al exigirse a las entidades locales la acreditación de que la rendición de cuentas esté además cumplida dentro del plazo legal, a criterio del Consejo de Cuentas esta condicionalidad debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas y elevarse su rango normativo, motivo por el cual en el informe se mantiene como recomendación en su sentido general”, ha afirmado.

En cuanto a la ‘Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público’, en ella se insta a adoptar medidas legales para que se establezca como fecha límite para la rendición la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.

Además, el Consejo insiste en otras tres recomendaciones. Las entidades deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa sobre el ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos. Asimismo, la cuenta general debe ajustarse a lo dispuesto en la normativa, siendo especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Finalmente, las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y los convenios celebrados.


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