PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)
El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente una convocatoria de ayudas para ayuntamientos, servicios sociales de base o mancomunidades de servicios sociales, destinada a financiar la contratación en los centros escolares públicos de Navarra de un promotor o promotora escolar, o de un mediador o mediadora sociocultural, con el fin de que intervenga en el proyecto de inclusión socioeducativa que desarrolle el centro durante el curso 2024/2025. El importe total dedicado a esta iniciativa alcanza los 600.000 euros (120.000 del presupuesto de 2024 y 480.000 con cargo al año próximo).
La figura del promotor permite el trabajo en red con los colectivos e instituciones implicados en la inclusión social y educativa, y facilita un clima de convivencia adecuado en el centro educativo poniendo especial atención a la promoción de actitudes positivas de interacción social entre grupos de diferentes culturas y minorías, según ha explicado el Gobierno foral en una nota, añadiendo que es una figura clave para la identificación del alumnado en situaciones de conflicto personal y riesgo social y en el diseño e implementación de medidas encaminadas al apoyo de estos casos, así como para el avance en la normalización educativa para conseguir tasas más elevadas de éxito académico.
Durante el curso 2023/2024 un total de 19 servicios sociales de base de Navarra y/o mancomunidades de servicios sociales han contado con promotores escolares y/o mediadores socioculturales en al menos 65 centros. Han contado con esta figura centros de Pamplona, Tudela, Corella y Castejón, Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, Berriozar, Olite, Azagra, Andosilla, Cárcar o Carcastillo, entre otros.
Cada entidad beneficiaria podrá obtener un máximo de 20.000 euros, y se subvencionarán dos clases de conceptos: gastos de personal, de un lado, y gastos relacionados con viajes, por otro. En el primer caso, se incluyen gastos como salarios, seguros sociales a cargo de la entidad y otras cargas laborales, y en el segundo, se refiere a los costes derivados de la movilidad del personal directamente vinculado a la realización de las actividades.
Entre los criterios de valoración se incluyen consideraciones como el porcentaje de alumnado desfavorecido matriculado en el centro, el porcentaje de absentismo escolar, los objetivos del propio proyecto, el establecimiento de indicadores de evaluación, el desarrollo de proyectos y experiencias anteriores con parte de los servicios sociales de base o de la comunidad o el tipo de contratación de la persona candidata a implantar el proyecto, entre otras.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 13 de septiembre. Una vez resulten beneficiarias, las entidades deberán proceder a la contratación del profesional que vaya a llevar a cabo el proyecto en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BON de la resolución de la concesión.
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