PALMA, 29 (EUROPA PRESS)
El PSIB ha reprochado que el departamento de Turismo del Consell de Mallorca haya permitido presentar una nueva Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (Driat) al agroturismo vinculado con el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, pese a tener conocimiento de la sentencia del TSJIB, que imposibilitaba su legalización.
De esta manera, los socialistas han acusado de “inacción” y “connivencia” al conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ya que, a pesar de la resolución judicial, “autorizó” esta nueva Driat, según han explicado en un comunicado.
Además, han añadido que la sentencia fue dictada día 15 de marzo de 2023, con posibilidad de recurso de 30 días. “Esto significa que no puede ser imputable a la anterior legislatura, ya que no se tenía constancia y llegó en pleno cambio de gobierno”, han aseverado.
Desde el grupo socialista en la institución insular, han criticado que Rodríguez tuviera la sentencia “desde su primer día de mandato” y “no hizo nada por ejecutarla”.
“Con una sentencia firme de anulación de la Driat, que obligaba a cerrar el establecimiento, Rodríguez ha permitido a Monjo realizar una nueva declaración responsable en junio de 2024, sabiendo los antecedentes judiciales, con imposibilidad de que sea legal”, han indicado.
En la sentencia se confirma la desestimación del recurso que presentaron los propietarios porque era “inviable jurídicamente por cuanto que incumplían requisitos de carácter esencial”.
Por tanto, han resaltado que la actual Driat que han presentado sigue con esta “inviabilidad jurídica”, que ahora “permite el actual equipo de gobierno y que durante 14 meses que llevan gobernando no han ejecutado en ningún momento”.
De este modo, han aseverado que el anterior equipo de gobierno obró “correctamente” al prohibir la actividad y han acusado al actual equipo, de PP y Vox, de “permitir” la tramitación de nuevos documentos para “salvar la actual temporada turística”.
“Esto es un nuevo escándalo en un área que debe velar por la lucha contra la actividad ilegal y que, supuestamente, ayuda a los ilegales a que puedan operar con impunidad, por lo que el PSIB vuelve a pedir el cierre porque, con todos los datos, la situación es insostenible”, han alegado.
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