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El PP y Vox han dado permiso para realizar excavaciones en busca de una fosa común donde se cree que hay cadáveres de víctimas de represión en Burgos

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BURGOS, 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Burgos ha dado autorización para realizar una cata para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil en el entorno de la Cartuja de Miraflores, con los votos a favor del PP y la abstención de Vox.

El portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Juan Manuel Manso, ha informado de que “se han aprobado las labores de localización exhumación e identificación de esas víctimas” en el entorno del monasterio situado en el paraje de Fuentes Blancas Estas tareas están apoyadas y sustentadas en la Ley de la Memoria Histórica y por el informe del consejo técnico, de Memoria Histórica de Castilla y León de fecha 2 de febrero de 2024, en el cuarto plan de esta actuación.

El importe de la subvención asciende a los 5.900 euros que vienen del Gobierno de España. El Ayuntamiento de Burgos “lo único que hace es dar permiso” para realización de esas catas y no tiene competencia en esos trabajos en su municipio.

Existe documentación y testimonios que aseguran que en un lugar junto a la tapia del monasterio de los cartujos fueron asesinadas varias personas y fueron enterradas en una fosa común.

Los primeros trabajos que se desarrollaron en 2021 no arrojaron resultados en esa localización. La petición realizada ahora por un familiar “cumple con lo permitido” y Manso ha asegurado que tienen el visto bueno y reúne los requisitos de la Ley, unido “a que cuenta con una subvención del Gobierno” para ello, por lo que, al Ayuntamiento, “por convencimiento del PP”, solo le queda dar la autorización.

En las catas realizadas ahora hace tres años, los investigadores y arqueólogos se basaron en un libro ‘Doy fe…Un año de actuación en la España Nacionalista’, de Antonio Ruiz Vilaplana, que en 1937 era secretario judicial de Burgos.

La iniciativa de la familia de Jerónimo Carballera fue la impulsora. Si se hubiera denegado el permiso, Manso estima que se habrían planteado problemas legales. De esta manera, los trabajos se “llevarán a cabo” gracias a la iniciativa del PP porque es un mandato legal.


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