La Consellería de Educación asumirá los gastos de Seguridad Social de profesores retirados parcialmente y los salarios del personal relevista
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)
El director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Álvarez, ha sido el encargado de firmar este miércoles con cuatro sindicatos –FSIE, USO, UGT y CCOO– y tres patronales de la educación concertada –CECE, Escolas Católicas y ACES– el acuerdo para financiar las jubilaciones parciales de los docentes, del que la Administración autonómica se espera que haya unos 400 beneficiados.
Se trata de un texto en el que las partes trabajaron durante meses y que recibió la aprobación del Consello de la Xunta a principios de agosto. De tal modo, el Gobierno gallego asumirá –con una partida presupuestaria de 5 millones de euros– las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que se acojan a la prejubilación y los salarios del personal que los susyituyan.
La jubilación parcial, según el texto del acuerdo, deberá durar al menos un año y ser de entre el 25% y el 50% de las horas. Los docentes, que podrán solicitarlo ante la correspondiente dirección territorial de la Consellería de Educación, deben tener contrato indefinido y a jornada completa, así como una antigüedad mínima de seis años. La Xunta costeará los gastos de la medida hasta el momento en el que cada docente alcance la edad legal para la plena jubilación.
El texto también contempla la contratación del profesorado relevista, que de forma preferente, aunque no obligatoria, deberá salir de la bolsa de recolocación de docentes.
Esto afectará a todo el profesorado incluido en el régimen de pago delegado, lo cual no permite incluir –pese a que lo solicitaban tanto las patronales como los sindicatos– a los profesores de Bachillerato porque no entran en los conciertos entre los centros y la Xunta.
Este nuevo acuerdo llega después de otro firmado el año pasado por el cual la Consellería se comprometió a asumir hasta 6.000 euros de los gastos de despido derivados de las supresiones de aulas. Todo ello en un contexto de bajada de la natalidad en la Comunidad gallega y, en consecuencia, de los alumnos matriculados.
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