VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dictaminado que la Junta está legitimada para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
El dictamen recoge que hay fundados argumentos para mantener que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, no tiene cabida en la vigente Constitución Española; por lo que su aprobación, conforme a los principios y valores constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución.
En la elaboración de dicho dictamen ha sido ponente el presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, y el mismo fue aprobado el día 8 de agosto, por mayoría de votos, y cuenta con un voto particular.
SE VULNERA EL DERECHO DE IGUALDAD
El dictamen mantiene que la Ley de Amnistía vulnera el derecho de igualdad (art. 14 CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art.
9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes.
Por el contrario, considera que no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el bloque de la constitucionalidad, por haber sido utilizado el procedimiento legislativo de urgencia para la aprobación de la ‘Proposición de Ley de Amnistía’.
El Consejo Consultivo es una institución propia de la Comunidad (artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía), cuya misión es la de dictaminar con carácter previo a la toma de decisiones por parte de la Administración consultante, con el fin de garantizar su adecuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
La función del Consejo Consultivo, en asuntos como el presente, es la de ofrecer a la Junta de Castilla y León elementos de juicio suficientes para que la decisión de recurrir la inconstitucionalidad de la ley orgánica estatal sea finalmente tomada con las máximas garantías jurídicas.
Por ello, el dictamen recuerda que la intervención del Consejo (establecida por el ordenamiento autonómico) opera a modo de garantía constitucional-estatutaria previa al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo autonómico pretende interponer.
De este modo, el Consultivo avala la postura que ya en mayo anunció el Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, respecto de su intención de recurrir “con la mayor celeridad posible” ante el Constitucional la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados. “Consideramos que esta Ley vulnera flagrantemente el Estado de Derecho, el principio de igualdad y ataca a la Constitución de una manera insoslayable”, afirmó entonces.
El consejero explicó entonces que una vez que se publique el texto definitivo en el BOE, “de manera inmediata y contundente, los servicios jurídicos articularán esta propuesta”.
En cuanto a plazos para su presentación, el titular de Presidencia explicó que en Castilla y León es necesario que el texto que elaboren los servicios jurídicos pase por el Consejo Consultivo, que emitirá su informe para, posteriormente, aprobar el documento definitivo en Consejo de Gobierno, y precisó que estos trámites no se pueden alargar más de tres meses, plazo establecido para recurrir la normativa ante el Constitucional.
González Gago insistió en que la Ley de Amnistía “vulnera flagrantemente el Estado de Derecho, el principio de igualdad y ataca a la Constitución de una manera insoslayable” y vanzó que el recurso en el que trabajan los servicios jurídicos es “muy contundente” y con unos argumentos “muy serios” que harán “difícil” que el Tribunal Constitucional “no lo tenga que analizar en profundidad”.
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