Las discrepancias afectan a la reconversión de locales en vivienda o el incremento de alturas
PALMA, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central ha puesto en cuestión la constitucionalidad de la Ley de emergencia habitacional de Baleares, derivada de un decreto aprobado por el Govern de Marga Prohens (PP) en 2023.
En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido al Ejecutivo autonómico un informe advirtiendo de una serie de discrepancias, según han indicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.
El escrito del Ministerio alude a las disposiciones que recogen la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados, como había adelantado ‘Última Hora’. El Estado no cuestiona el fondo sino la norma utilizada, ya que considera que debería haberse realizado mediante el planeamiento urbanísico de cada ayuntamiento.
Desde el Govern han argumentado que ese tipo de instrumentos suponen un importante retraso por la emisión de informes sectoriales y otras dificultades que encuentran los ayuntamientos. Por ello entienden que una norma con rango legal es la única forma de atajar el problema con carácter urgente.
“Esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento es asumir que estas medidas no se podrán implantar”, han razonado desde la Conselleria, que asegura que la Ley “respeta la autonomía municipal” porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación.
En este punto cabe reseñar que los consistorios pueden decidir si aplican, suspenden o limitan las principales medidas en su territorio; de hecho, el Govern ha incidido en que su aplicación ya se ha regulado por ayuntamientos de diferente color político.
Las fuentes autonómicas han señalado que la amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos de unas 4.000 viviendas que se están planificando a través del despliegue de la Ley. En esta línea han insistido en el grave problema habitacional en Baleares, con precios disparados y falta de oferta en un territorio, recuerdan, limitado por la insularidad.
Por todo ello, Baleares confía en llegar a un acuerdo en la comisión bilateral con el Ministerio que se abrirá antes de llegar al Tribunal Constitucional, buscando evitar un recurso. El Govern acudirá a esa comisión con la voluntad de “hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la Ley para hacer más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los Ayuntamientos”.
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