MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto al Congreso de los Diputados una regulación exigente de la accesibilidad en el ámbito cinematográfico y en la cultura audiovisual ya que es un sector en el que las normativas actuales son “escasas y laxas”.
A juicio de la entidad, la legislación debe recoger la obligatoriedad de que las producciones cinematográficas y audiovisuales incluyan como medidas de accesibilidad en origen la subtitulación, la lengua de signos española y la audiodescripción.
Precisamente, CERMI avisa en un documento de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, de que estas disposiciones existentes están “lejos” de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente, sensorial.
Así, tras examinar el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes, el CERMI asegura “su escasa ambición” y su “insuficiente respuesta” a las demandas del movimiento social de la discapacidad. A fin de asegurar la calidad de estos medios, se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas técnicas vigentes en cada momento.
Aun así, en la reproducción en salas de cine, la persona con discapacidad tendrá que solicitar cualquiera de estas medidas de accesibilidad, que podrá usar individualmente con las “soluciones tecnológicas” existentes en cada momento.
Por otro lado, con esta propuesta, el CERMI plantea que la Ley del Cine recoja explícitamente que las políticas públicas de promoción de la cinematografía orientarán sus objetivos a que las producciones cinematográficas y las demás obras audiovisuales ofrezcan una imagen “respetuosa y positiva” de las personas con discapacidad, según han añadido en un comunicado.
Además, CERMI recuerda su petición de que no se conceda ni reconozca “ningún tipo de subvención” o apoyo público a las producciones cinematográficas que no incorporen en origen de oficio las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en la Ley, algo que ya cuenta con el respaldo en la normativa administrativa pero que la entidad espera que se eleve a rango legal.
Esta exigencia también se aplica a las actividades de promoción de la cinematografía y tampoco podrán resultar beneficiarias de ayudas públicas al cine las personas físicas y jurídicas empleadoras que estando obligadas no cumplan con la reserva legal de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad.
Por otra parte, la nueva Ley debe establecer que la Filmoteca Española desplegará iniciativas y programas para dotar con progresividad de medidas de accesibilidad a los fondos cinematográficos y audiovisuales que carecieran total o parcialmente de las mismas cuyo depósito, conservación y gestión tiene encomendados, otorgando prioridad a aquellos que posean mayor significación o más valores artísticos, históricos y sociales.
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