Pide no agitar el enfrentamiento entre territorios y no aplicar el principio de ordinalidad si afecta a la solidaridad
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
IU ha defendido un nuevo sistema de financiación “justo para todo el Estado que garantice la solidaridad”, dado que existe un “problema global” en el conjunto del país y “no solo con Cataluña”.
En este sentido y tras el preacuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Cataluña, que esboza un concierto económico que permita a la comunidad gestionar los tributos recaudados, la formación se reafirma en la necesidad de plasmar un modelo “federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”.
IU, que forma parte de la coalición Sumar, fija su posición en el debate sobre la financiación. Dentro del espacio la Chunta y Compromís han advertido de que no respaldarán un cambio del sistema que no conceda una financiación adecuada a sus comunidades.
También se pronunció el diputado valenciano de la formación en el Congreso, que también aseguró que solo podía apoyar un nuevo modelo que corrigiera la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana. Mientras, su compañero de filas y coordinador en Andalucía, Toni Valero, manifestó que su comunidad necesita un modelo que garantice cohesión territorial y una “confederalidad asimétrica que acentúen las desigualdades”.
NO HAY QUE AGITAR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNIDADES
Ahora, la formación que lidera Antonio Maíllo expone que a la hora de plantear una reforma de la financiación hay que “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales”.
Luego, agrega que el sistema actual, que data de 2009, ya reveló hace tiempo que es “desigual” y “no funciona” con unos territorios especialmente “perjudicados frente a otros”. Pero advierte de que “no se pueden buscar atajos o soluciones particulares que, con la excusa de acabar con las tensiones del sistema general, den pie a la posible generación de distorsiones aún más profundas”.
HAY QUE CUMPLIR CON EL ESTATUTO CATALÁN Y DE OTRAS CCAA
Es decir, IU ha reivindicado que la solución debe ser global combinado con el cumplimiento de las obligaciones estatutarias de las respectivas comunidades que “no debe ser discutible” en cualquier modelo de financiación. “No ha lugar a cuestionar lo aprobado en los los estatutos de Cataluña o de otros territorios”, ha ahondado IU.
También incide que cambiar la ley orgánica de la financiación autonómica (LOFCA) requiere conseguir una correlación de fuerzas parlamentarias en el Congreso y, cuando se abra ese debate, IU insistirá en su propuesta “solidaria y federal”, basada en el matenimiento de los servicios públicos “a la población, no a los territorios”. Y unida también a la necesidad de reformular la financiación de los municipios.
A su vez, ha abogado por desplegar también una reforma fiscal que eleve los recursos y garantice la suficiencia financiera del sistema, así como penalizar prácticas de dumping fiscal.
De forma paralela, IU ha planteado el despliegue de un plan de reducción condicionada de la deuda de las mayoría de las comunidades y garantizar un suelo adecuado de recursos para los servicios públicos de todos los territorios.
Por ejemplo, la formación desgrana que esa reducción de endeudamiento sería asumida por el Estado, que no tendría impacto en la deuda global de las administraciones, con la condición de las autonomías no dedican ese montante a amortizaciones de déficit sino elevar la inversión en servicios públicos esenciales, ni tampoco desplegar rebajas de sus tributos cedidos.
SIN PRINCIPIO DE ORDINALIDAD SI AFECTA A LA SOLIDARIDAD
En materia de reforma fiscal, ha defendido por ejemplo desplegar tasas turísticas, rediseñar el impuesto sobre Patrimonio, actualizar la normativa de Sucesiones, entre otras medidas.
Y para garantizar un suelo adecuado de servicios públicos con independencia de la capacidad de recaudación fiscal de los territorios, IU lanza fijar dedicar el 8% del gasto sobre el PIB a sanidad, el 6% para educación y el 3% para servicios sociales y sistema de cuidados.
“En ningún caso los fondos que se establezcan para compensar unas comunidades a otras estarán sujetos al criterio de ordinalidad (la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) si es contrario al principio de solidaridad y tampoco puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación, ya que está ausente de cualquier texto legislativo al respecto”, ha zanjado.
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