Advierten de que la RPTs se aprueban sin que guste a todos o más bien a casi nadie” y amortizan “nada más y nada menos” que 3.311 puestos
VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
El procurador socialista Luis Briones ha pedido este jueves al Partido Popular que, una vez roto el pacto de Gobierno de coalición por parte de Vox y “sin que exista ya ese yugo y las flechas” que les unía con los de Santiago Abascal, de marcha atrás en algunas iniciativas e, incluso, retire algunas normas impulsadas por los ya ex socios de Gobierno, con especial mención a la proposición de ley de Concordia a la que el socialista se ha referido como “la ley de discordia, odio y venganza”.
Esta es una de las principales peticiones que ha realizado Briones en una rueda de prensa conjunta con la procuradora Yolanda Sacristán para analizar la situación de la Función Pública y de la calidad democrática tras los cerca de dos años de gobierno conjunto de PP y Vox a los que ha acusado de haber privado al Consejo Consultivo, “un órgano esencial de la Comunidad”, ha recordado, de la posibilidad de pronunciarse sobre algunas de las leyes aprobadas.
“Lamentablemente, ha existido una voluntad por parte de la Junta de Castilla y León, por parte de estos dos grupos parlamentarios –PP y Vox– de saltarse sus dictámenes –del Consultivo– o de no hacerles caso en algunas leyes esenciales, como la ley de discordia”, ha sentenciado Briones tienen un “tufillo claramente antidemocrático” y adolecen de “falta de calidad jurídica”.
Así, ha recordado que en el año 2023 sólo se sometieron a dictamen del Consejo Consultivo dos anteproyectos de ley, el de la norma reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial, “que salió de las Cortes con los mismos defectos que le advertía el Consejo Consultivo”, y el de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad de Castilla y León, en el que ocurrió “exactamente igual” y “no hicieron caso en absoluto” al órgano estatutario.
A esto ha añadido que hubo otros cinco proyectos, dos proposiciones de ley de PP y Vox –bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias y medidas tributarias financieras y administrativas– y tres decretos leyes, que tampoco pudieron ser dictaminados por el Consejo Consultivo “para evitar que fueran fiscalizados”, en una demostración, a su juicio, de que ha existido una “confusión” entre poderes y funciones del Ejecutivo y del Legislativo que evidencia, a su vez, “una escasa cultura democrática”.
“Ni la Junta de Castilla y León, ni los grupos Partido Popular y Vox le hacen el más mínimo caso, aunque formalmente decían que si lo hacían, no corrigieron ninguno de los defectos advertidos”, ha sentenciado respecto a la tramitación de los decretos leyes a lo que ha añadido que la creación de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León también salió del Parlamento “sin que la Junta corrigiera en el anteproyecto los errores y debilidades advertidos por el Consejo Consultivo, que eran muchos y de calado”.
Luis Briones ha acusado al Gobierno del Partido Popular y Vox de haber eludido “en mayor medida” los dictámenes del Consejo Consultivo porque estaba poniendo trabas a sus medidas con “verdades jurídicas y de coherencia normativa” por lo que ha pedido al PP que “reflexione”, de marcha atrás “y vuelva a la senda democrática y constitucional de sus resoluciones, haciendo caso a los dictámenes y avales del Consejo Consultivo y del CES y de todos los órganos externos de calidad democrática”.
Por su parte, la portavoz de Función Pública en el Grupo Socialista ha criticado la parálisis de los servicios públicos en Castilla y León tras “recortes, privatizaciones, adelgazamiento de la Administración y falta de reposición de efectivos” que ha derivado en un incremento de carga de trabajo del personal activo, con especial incidencia en la Sanidad en la época estival “donde la falta de médicos se agrava tanto en las ciudades como en las zonas rurales”.
RPTS “SIN QUE GUSTE A TODOS O MÁS BIEN A CASI NADIE”
Por otro lado, ha advertido de que la relación de puestos de trabajo (RPTs) del personal funcionario que se va a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno “sin que guste a todos o más bien a casi nadie” amortiza “nada más y nada menos” que 3.311 puestos de trabajo repartidos entre todas las consejerías.
“El señor Mañueco parece que no considera necesario tener más personal”, ha reprochado Sacristán que ha añadido que, al hecho de amortizar plazas de personal en todos los servicios públicos, se une que no se cubren bajas ni jubilaciones “y todo porque no quieren modificar el Decreto que regula las bolsas de empleo” lo que obliga a acudir en muchas ocasiones a las oficinas de empleo cuando se producen esas bajas o jubilaciones “haciendo de estas contrataciones un sistema opaco y de falta de transparencia”.
La socialista ha puesto a Somacyl como un ejemplo de falta de transparencia y de externacionalización a través de “una auténtica administración B repleta de familiares de altos cargos y puestos de libre designación sin ningún tipo de control y que, por no tener, no tiene ni tan siquiera intervención”.
“El desmantelamiento de los servicios públicos es claro”, ha concluido la procuradora socialista que ha criticado también la falta de convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de los años 2021 –se convocaron cinco de 29 procesos selectivos–, 2022 y 2023 “mientras la plantilla de la Administración autonómica envejece”. “En 15 años el 48 por ciento de las plantillas en Castilla y León va a desaparecer”, ha advertido Yolanda Sacristán que ha exigido a la Administración que refuerce las plantillas “con ofertas de empleo público más ambiciosas”.
Finalmente, ha reprochado a la Junta que sigue pendiente la aprobación de una nueva Ley de Función Pública que sustituya a la de 2005 por lo que ha pedido al consejero del ramo, Luis Miguel González-Gago, que “se ponga las pilas” y desarrolle la norma tras 17 años de retraso.
“La anunció el señor Ibáñez, la anunció el señor Carnero y sigue anunciándola a día de hoy el señor Gago, los tres con la misma intensidad, de este año no pasa decían los tres”, ha rememorado en tono irónico la socialista que ha sentenciado que el resultado es que a 1 de agosto la Comunidad sigue sin tener una nueva norma “mientras el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado”.
Yolanda Sacristán ha significado también que el Ejecutivo central también ha sacado adelante la aprobación de las dos leyes básicas de agentes y bomberos forestales y ha mostrado su deseo de que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también pueda ser capaz de desarrollar “esas leyes de mínimos” como también espera que reconozca la figura de bombero forestal en Castilla y León.
“Demasiadas cuestiones pendientes y demasiado tiempo esperando por reivindicaciones que ya son históricas”, ha concluido la socialista que se ha referido en este punto a la modernización de la carrera profesional para que los docentes no tengan la necesidad de elegir entre carrera profesional o sexenios y a la paralización de los concursos de traslado de funcionarios cuando “deben ponerse en marcha de manera inmediata”.
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