Más de 2.600 personas, la mitad niños, siguen desaparecidas, y otras 200.000 continúan desplazadas dentro de Irak o en el limbo legal de Europa MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El 3 de agosto de 2014, la organización yihadista Estado Islámico comenzó un ataque contra la cuna de la comunidad yazidí en Irak, la ciudad de Sinyar, en la provincia de Nínive, en el norte del país y frontera con Siria; una ofensiva que significó el comienzo de un genocidio del que todavía se desconocen las cifras exactas y que marcó el principio de una década de sufrimiento para un grupo que todavía no conoce el retorno al hogar.
El documento más exacto que se conoce es un informe del diario médico PLOS Medicine, con fecha de 2017, que estima entre 2.000 y 5.500 muertos y más de 6.000 secuestrados durante los primeros días de un ataque que puso en fuga a más de 400.000 personas, obligadas a dejar atrás a sus seres queridos, la mitad niños y niñas forzados al esclavismo sexual o su uso como herramientas de combate a manos de los yihadistas.
El genocidio yazidí, recuerda Save the Children, afecto “de manera desproporcionada a la población infantil”. De los aproximadamente 2.600 desaparecidos en la actualidad, la mitad son niños. De los 3.500 rescatados desde entonces, más de 2.000 eran menores de edad en el momento de su captura a manos de la organización yihadista, de acuerdo con la ONG Nadia’s Initiative, fundada por la premio Nobel de la Paz y superviviente del genocidio Nadia Murad.
Hoy, miles de yazidíes siguen viviendo una pesadilla interminable. Unas 20.000 mujeres yazidíes esclavizadas por los yihadistas y 30.000 niños, según estimaciones de Naciones Unidas, han acabado en los campamentos-prisión del norte de Siria, como el de Al Hol, en condiciones infrahumanas. Otros 200.000 siguen desplazados dentro de Irak, la práctica totalidad en la region semiautónoma del Kurdistán iraquí, atrapados en medio de las tensiones entre Erbil y Bagdad, en campamentos que las autoridades están intentando cerrar de una vez por todas a sabiendas de que los hogares de los yazidíes en Sinyar están completamente destruidos.
Además, las calles de las ciudades de la región están repletas de explosivos sin detonar hasta el punto de que la ONG Humanity & Inclusion la describe como una de las “zonas más contaminadas del mundo” en lo que a esta clase de munición se refiere. La infraestructura dañada por el conflicto limita gravemente el acceso al agua y la electricidad, y hay escasez de escuelas y hospitales para los residentes que regresan.
Estado Islámico sigue activo en la zona, a través de células itinerantes que cometieron, entre enero y junio de 2024, 153 ataques en Irak y Siria, más del doble del total de 2023. El Ejército turco suele llevar a cabo ataques en Sinyar como parte de su batalla contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo designado por Ankara, Estados Unidos y la UE como organización terrorista.
Otros 4.000 aproximadamente aguardan en Europa, en Grecia principalmente, una política de asilo que no tiene claro qué hacer con esta minoría, en particular desde que Alemania dejara de conceder prioridad a los solicitantes de asilo que, en teoría, habían recibido un estatus especial de protección de las autoridades griegas. HELIOS, un programa de integración apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones, sólo puede satisfacer “una fracción de la demanda” de ayuda, según la cadena panárabe Al Yazira.
SIN JUSTICIA
Los yazidíes también albergan pocas esperanzas en lo que justicia se refiere. En una columna para el magacín Forbes, la doctora Ewelina Ochab, cofundadora de la Coalición para la Respuesta sobre el Genocidio, avisa que el Equipo de Investigación de Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Daesh/EIIL (UNITAD), el mecanismo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para recopilar y preservar evidencia del genocidio, cerrará en septiembre de 2024 sin un plan para continuar este trabajo.
En un comunicado de conmemoración, la ONG de Nadia Murad expresa su descontento “con cualquier acto oficial o extraoficial, de diversas instituciones, que conmemore este genocidio sin contribuir de manera alguna a promover los principios de la justicia transicional”.
“Algunos quieren recordar mientras nos piden que olvidemos, haciendo promesas durante diez años que han terminado incumpliendo de manera sistemática”, lamenta Murad.
La mayoría de los yihadistas detenidos, caben recordar, han sido procesados en virtud de leyes antiterroristas y no han sido condenados por genocidio o crímenes contra la humanidad, lo que significa que los crímenes sufridos por los yazidíes y otros grupos en Irak no han sido reconocidos. Tampoco han proporcionado la información suficiente como para averiguar el destino de los casi 2.600 desaparecidos, la mayoría de ellos probablemente enterrados en las 200 fosas comunes que, estiman los expertos, continúan sin exhumación.
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