VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves, 1 de agosto, las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, de manera que se pasa de los 17.792 de la anterior a 16.304 puestos, se amortizan 3.311 y se dan de alta 1.823.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno que la RPT, que entrará en vigor el 1 de octubre, viene a definir los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración General de la Comunidad, adaptándolos a las prioridades del servicio público, a las demandas de la ciudadanía y a la necesidad de promover la ocupación efectiva de los puestos de difícil cobertura.
Asimismo, ha subrayado que se ha aprobado como “una auténtica necesidad” ya que las que se estaban aplicando databan “en su mayoría de 1996”, con “alguna modificación puntual”, y tras anulación efectuada por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra diferentes propuestas de RPT.
En concreto, la nueva RPT engloba a los puestos de trabajo de funcionario de la Administración General de la Comunidad y afecta a los 11.675 empleados públicos que en la actualidad ocupan uno de estos puestos en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el ECyL, el SACyL y la Gerencia de Servicios Sociales.
Así, hay 16.304 puestos para 11.675 funcionarios, de manera que existen 4.629 puestos vacantes que “servirán para ir cubriendo las necesidades posteriores a medio y largo plazo, si se precisan”, tal y como ha precisado González Gago, quien ha subrayado, además, que el número total de relaciones de puestos decrece en 1.488.
PUESTOS “NUNCA OCUPADOS”
En este sentido, ha detallado que se han suprimido esta cifra de puestos porque muchos de ellos “llevaban mucho tiempo sin cubrirse” e, incluso, “había puestos que no se habían ocupado nunca” porque “no eran atractivos para los empleados públicos”.
Igualmente, ha señalado que la relación de puestos vigente hasta ahora, no se había “acomodado a las necesidades reales del servicio público en la evolución de estos veintipico años que llevaban las viejas RPT”.
El consejero de la Presidencia ha destacado que con la aprobación de la nueva RPT se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos.
También, ha apuntado, que se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánica de las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias –todos aquellos que no están en las capitales de provincia– y ultraperiféricos de la Comunidad –en municipios pequeños y lejanos de las capitales de provincia, o en municipios de difícil acceso–.
En concreto, 174 municipios o localidades han sido calificadas como ultraperiféricas y los puestos que allí se ubican tienen una “consideración especial”, tal y como ha aseverado González Gago.
Para favorecer su cobertura, estos puestos periféricos y ultraperiféricos tendrán aparejadas unas mejores condiciones retributivas. En particular, se ha mejorado el complemento específico de cada uno de estos puestos en un punto. Esta novedad no solo será beneficiosa para los empleados públicos que ocupen estos puestos, sino que también los castellanoleoneses residentes en las zonas periféricas y ultraperiféricas de la comunidad verán mejorado su acceso a los servicios públicos autonómicos, al ser puestos más atractivos que se podrán cubrir más fácilmente.
Además, se abre la posibilidad, en caso de que estos puestos queden sin cubrir, de que puedan ser provistos con funcionarios de otras administraciones públicas, ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas limítrofes. En total, el porcentaje de puestos abiertos a otras administraciones públicas es de un 8,15 por ciento, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones.
Por otro lado, con esta nueva RPT se busca homologar los puestos de trabajo, de manera que se evite la disparidad de tipos de puestos para “idénticas funciones”. Esta homologación supone la mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, es decir, un 66 por ciento del total, que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico.
También se van a mejorar las condiciones de teletrabajo, para hacer esta modalidad más atractiva para los empleados públicos y avanzar en la conciliación con la vida familiar. “Es más positivo que no hacer atractivo ese puesto y que no lo ocupe nadie”, ha defendido el consejero de la Presidencia.
La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo aprobados este jueves supondrá también una mayor inversión económica de la Junta. El cálculo de los costes de las RPTs se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario –antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial–.
701 MILLONES DE COSTE AL AÑO
De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que hoy se aprueba será de casi 701,8 millones de euros al año, lo que supone un incremento de 3,3 millones de euros, un “porcentaje pequeños, muy limitado en cuanto al incremento”.
Por último, dentro de esta RPT, González Gago ha defendido la reducción de puestos provistos a través de concurso específico, ya que en la anterior RPT había 1.366 –un 8,25 por ciento de todos los puestos de concurso–, y en la nueva hay 726 –un 4,81 por ciento–. Es decir, 640 puestos menos.
Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos –un 2,35 por ciento del total– a 369 –un 2,26 por ciento–, es decir, 50 puestos menos.
Esta nueva RPT entrará en vigor el 1 de octubre y, tal y como ha recordado el consejero, fue sometida a la negociación sindical, con los votos a favor del sindicato USCAL, la abstención de CSIF, UGT y FSEES y el voto en contra de CCOO y CGT.
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