MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Las cuatro organizaciones que agrupan a la mayoría de las agencias de viaje se reunieron este jueves con representantes del Ministerio del Interior y les solicitaron una vez más ser excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 933/2021, que obliga a las empresas a comunicar en cada viaje realizado por España, incluidos los métodos de pago y otros datos personales de cada cliente.
Las agrupaciones (CEAV, UNAV, Acave y Fetave) señalaron en una nota de prensa que si no se excluye a las agencias del decreto, será necesaria una orden ministerial que limite su aplicación.
Las asociaciones apuntaron que en esa orden se debería excluidir de la obligación de comunicación a los viajes corporativos, el turismo de reuniones y convenciones y los grupos, supuestos donde se ha demostrado el imposible cumplimiento del deber de comunicación.
Desde el Ministerio les han comunicado a las agencias que no se van a conceder más prorrogas para la aplicación del decreto pero se han comprometido a estudiar nuevamente las alegaciones presentadas por las organizaciones, según trasladaron las cuatro asociaciones. Consideraron paradójico que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, apoyara los argumentos de las agencias en una reunión y se comprometiese a defenderlos ante el Ministerio del Interior.
En este sentido, las agencias de viajes solicitaron la ampliación del plazo de adaptación del real decreto que finaliza el próximo 1 de octubre hasta que se apruebe la citada orden ministerial y se solventen los problemas técnicos que continúa dando la plataforma de registro habilitada por el Ministerio del Interior.
PREVEEN AFETACIONES AL TURISMO
Las agencias de viaje recordaron que la mayoría de estas empresas son pymes que deberán ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica “fuera del alcance de muchas de estas empresas”.
Además insistieron en la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de información en numerosas ocasiones, ya que las agencias no disponen de todos los datos requeridos, así como supone una duplicidad de los datos que ya son comunicados por los proveedores.
Otro asunto que alegan las agencias es que el decreto no se ajusta a la normativa vigente de protección de datos con el principio de minimización de datos (recogida, conservación y momento de la obligación de comunicación). Asimismo, los touroperadores europeos también han manifestado esta preocupación, tal como ya ha trasladado la patronal europea Ectaa, existiendo un riesgo de caída de ventas y que desvíen reservas a otros destinos con el consiguiente debilitamiento de España como destino, con especial afectación al turismo de eventos.
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