El PP acusa al PSOE de “estrategia de confrontación” con la Junta y Fernández esgrime las contrataciones para “ayudar” a los pueblos
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, ha ratificado en su pleno ordinario de julio, celebrado este jueves, la decisión de recurrir por vía judicial el plan de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental. En el debate, los socialistas han alertado de que el citado documento endosa a los municipios “el marrón jurídico y económico” de combatir a dichos insectos; mientras el PP acusa al PSOE de una “estrategia de confrontación” con la Junta.
Durante el pleno ordinario de este jueves, la Corporación provincial ha dado primero cuenta de las declaraciones de emergencia no catastrófica adoptadas por varios municipios por la incidencia del virus de la fiebre del Nilo Occidental, que sólo puede ser transmitido a las personas por los mosquitos.
Esta dación de cuentas incluye la contratación por vía de urgencia por parte de la Diputación de dos lotes de actuaciones de control y prevención de los mosquitos transmisores de dicho virus en los 13 municipios designados por la Junta de Andalucía como afectados por esta situación, que son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares, Utrera y Villamanrique de la Condesa.
Y especialmente, el pleno ha ratificado, con el voto a favor del PSOE, Con Andalucía (IU) y Vox y el voto contrario del PP, de una resolución del presidente de la Diputación ordenando “ejercitar las acciones judiciales oportunas” contra el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), promovido por el Gobierno andaluz del PP para “implantar medidas de vigilancia epidemiológica humana y vigilancia y gestión vectorial para la prevención y control” de enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental, entre otras.
CUESTIÓN DE COMPETENCIAS
Según se argumenta en dicha resolución, el Gobierno andaluz hace “recaer en las Administraciones locales, tanto a nivel de prevención como de control, el ejercicio de competencias y responsabilidades en la materia, sin análisis competencial previo ni consulta a los órganos que tienen encomendada esta función preceptivamente, ni previsión económica alguna sobre el incremento presupuestario que genera la asunción de competencias no previstas en la Ley”; con lo que la Diputación considera que la citada regulación andaluza “lesiona” la autonomía de los ayuntamientos, al “establecer competencias en virtud de una norma que carece de rango legal, considerando a la Administración Local como un mero apéndice organizativo de la Comunidad Autónoma”.
Al respecto, recordemos que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba conforme a derecho una resolución con la que la Junta reclamaba al Ayuntamiento de Isla Mayor la elaboración y aplicación de un plan municipal de vigilancia y control contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental, pues entre otros aspectos “los artículos 5 y 18 del Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias, reconocen la aplicación de tratamientos de desinsectación y desratización y desinfectantes por los servicios oficiales de los municipios”.
Durante el debate plenario, el portavoz del Grupo popular, Martín Torres, ha mostrado el “rechazo” del PP a estas acciones judiciales, defendiendo que la Junta de Andalucía está “trabajando” desde 2020 contra el virus de la fiebre del Nilo Occidental y que el mencionado plan autonómico “no exime de responsabilidades” a ninguna de las administraciones, con lo que a su entender el mencionado recurso deriva de un mero “tacticismo político de confrontación”.
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN
En ese sentido, ha manifestado que el Gobierno andaluz del PP sometió el citado plan “a información pública” e incluso “invitó” a la Diputación a sugerir “mejoras”, obteniendo “la callada por respuesta”. Además, ha alertado de que la resolución de emprender acciones legales contra el plan autonómico ha sido adoptada “fuera de plazo”, en concreto un día después del plazo habilitado para “impugnar” el documento.
El diputado socialista de Servicios Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha expuesto de su lado que el recurso judicial “no va tarde” y que la Diputación no está “conforme” con la mencionada sentencia del TSJA favorable a las tesis de la Junta, insistiendo en que el plan autonómico endosa a los municipios “el marrón jurídico y económico” de desplegar las actuaciones contra los mosquitos transmisores del virus.
Así, ha negado cualquier pretensión de “confrontar” con la Junta, alegando que la idea es “que el plan sea modificado” en favor de los municipios, a los que la Diputación ya está “ayudando” con la contratación de dos empresas que están desplegando medidas en los municipios afectados.
El diputado de IU José Antonio Mesa, de su lado, ha apostado por buscar “soluciones” en lugar de la “confrontación”, reclamando “un acuerdo” entre ambas partes y razonando que “lo lógico” es que la Junta de Andalucía, la administración “que más responsabilidad tiene en materia de salud pública, tenga en cuenta a la Diputación y a los pueblos afectados” por la propagación de los mosquitos transmisores del virus.
“UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA DE PRIMER NIVEL”
Ha cerrado el debate el presidente de la institución, Javier Fernández, quien también ha descartado que este recurso judicial ahora ratificado obedezca a una “estrategia política”. Los servicios jurídicos de la Diputación, según ha destacado, determinan que las medidas contra los mosquitos transmisores del virus “son competencia de la Junta, porque se trata de un asunto de salud pública de primer nivel”.
En ese sentido, ha criticado que el Gobierno andaluz del PP intente “colgar” a las administraciones locales una competencia supuestamente ajena a las mismas, lo que le ha llevado a opinar que la Junta está “poniéndose de perfil” ante el problema y que la obligación de la Diputación es “la defensa del municipalismo”.
Precisamente por eso, Javier Fernández ha esgrimido las contrataciones por cerca de un millón de euros ya acometidas por vía de urgencia por parte de la Diputación, para que dos empresas trabajen ya en los municipios afectados para combatir a los mosquitos transmisores del virus.
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