MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha criticado que, transcurridos los tres años previstos por la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, los juzgados acumulan “más de 100.000 casos pendientes” de revisión para adaptarse a la norma.
Entre otras cuestiones, según recuerda CEDDD, dicha ley, aprobada en junio de 2021, elimina las declaraciones judiciales de incapacidad y las modificaciones judiciales de capacidad, por tratarse de mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad”.
Otros cambios “significativos” son, según añade, “la desaparición de la tutela en sede de discapacidad” o los referidos a “las figuras del asistente y el curador, que tienen como objetivo proporcionar el apoyo necesario a las personas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones en lugar de ser reemplazadas en este proceso”.
Según recuerda el CEDDD, la ley estableció un periodo de tres años para la revisión de las medidas adoptadas, tras su entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021. Dicho plazo finalizaría, por tanto, el próximo mes de septiembre.
Sin embargo, añade que el Consejo General del Poder Judicial solicitó al Gobierno en abril del presente año 2024, que se ampliase hasta 2029 el plazo establecido legalmente para revisar todas las medidas que fueron adoptadas por los órganos judiciales en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El CEDDD precisa que, a finales de 2023, aún quedaban “108.625 casos pendientes de revisión en los juzgados de primera instancia y otros juzgados especializados”; y que, sin medidas de refuerzo, se necesitarían 4,9 años adicionales para concluir las revisiones, mientras que con medidas de refuerzo, el tiempo se reduciría a 3,7 años.
“Esto nos demuestra una vez más que se ha legislado sin tener en cuenta la realidad de las personas con discapacidad, que una vez más ven vulnerados sus derechos”, critica el CEDDD. Por ello, ha reclamado al Gobierno que dote a la Justicia de los medios necesarios para la efectiva entrada en vigor “cuanto antes” de la ley.
- Te recomendamos -
