MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo Económico y Social (CES) considera necesario “un mayor esfuerzo de precisión” y “mayor concreción” en la regulación de los controles parentales en los dispotivos móviles, que prevé el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.
La norma obliga a los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet a garantizar la inclusión de una funcionalidad de control parental, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del dispositivo.
El Consejo Económico y Social de España (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha aprobado un dictamen sobre el anteproyecto de ley orgánica, en el que si bien “comparte enteramente” la necesidad de introducir esta funcionalidad en los dispositivos para evitar el acceso de la infancia a contenidos nocivos, opina que la redacción suscita “algunas dudas”.
De este modo, el CES considera necesario, por tanto, “un mayor esfuerzo de precisión en la norma que aporte la certidumbre jurídica necesaria y elimine cualquier riesgo de desprotección de los derechos de la infancia”.
Aunque ve la iniciativa “oportuna y necesaria”, llama la atención sobre lo “inapropiado tanto del procedimiento seguido para la elaboración del mismo como del trámite de la consulta sobre éste” al CES. Así, rechaza “la falta de un diálogo con las organizaciones sociales y económicas concernidas”.
En relación con el procedimiento de la consulta al CES, indica que de la descripción de la tramitación seguida por la iniciativa que se recoge en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) se desprende que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen es susceptible de sufrir nuevas modificaciones. “Pronunciarse sobre un texto que continúe sujeto a posibles cambios, supone limitar el ejercicio de la función consultiva y de participación del CES”, avisa.
Respecto a la valoración global de la iniciativa, el Consejo señala que la “ausencia de un apartado de definiciones que delimiten el alcance de buena parte de los conceptos” empleados en el anteproyecto limitaría “la necesaria seguridad jurídica en la aplicación de la futura ley”. En este aspecto, cita como ejemplos de indefinición ‘material abusivo’, ‘uso problemático’, ‘uso excesivo’ de las tecnologías de la información y la comunicación, o ‘uso inadecuado’ de los dispositivos digitales, entre otros conceptos que el CES entiende que “deberían quedar suficientemente acotados a los efectos de la norma”.
Por otro lado y “dada la dimensión de salud pública asociada a los riesgos de los entornos digitales, singularmente los relacionados con las adicciones, la sobrexposición, los problemas para la autopercepción y la autoestima, y los derivados de la violencia”, el CES echa en falta la referencia a “estudios, investigaciones y evidencias que, desde distintos ámbitos, vienen demostrando el auge de tales riesgos y refuerzan la oportunidad de la presente iniciativa”. Valora que el texto contemple promover estudios e investigaciones sobre el uso e impacto de los entornos y dispositivos digitales en la infancia.
ÁMBITO EDUCATIVO
El CES considera que la norma debería adoptar una perspectiva “más amplia y dirigida a la prevención” mediante el fomento de la formación, inicial y continua, en el uso adecuado de los entornos digitales por parte de los menores. Además, considera positivo que, según el texto, “la responsabilidad de la formación y orientación del alumnado y profesorado en materia digital recaiga en las administraciones educativas, y más concretamente en los centros escolares, pues son los que tienen la capacidad de adecuar las actuaciones a la diversidad existente en cada uno de ellos”.
Sin embargo, opina que hubiera sido conveniente que la norma estableciera “requisitos de aplicación mínimos, así como mecanismos de coordinación, que garantizasen la igualdad de condiciones para toda la población menor en el sistema educativo, independientemente del centro educativo al que pertenezcan”.
En su reunión del pasado 4 de junio, el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, entre otras medidas.
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