CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)
La Diputación provincial y los ayuntamientos de Córdoba capital y de Lucena han recibido este año 206.276,35 euros en ayudas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales.
Tal y como ha detallado la Administración autonómica en una nota, las ayudas, dirigidas a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios, o federaciones de municipios como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se han distribuido en régimen de concurrencia competitiva en toda Andalucía y se han destinado casi tres millones.
Para su reparto se han tenido en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas de las entidades locales y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior.
Las acciones formativas que desarrollen las entidades locales pueden ser presenciales o telemáticas y generales o de especial complejidad. Éstas deben estar dirigidas a personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que, en el desarrollo de su actividad profesional, requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios.
En esta convocatoria se han simplificado los trámites para la planificación y justificación de los cursos y ampliado el tiempo para su celebración, de forma que las entidades locales no han tenido que esperar a la convocatoria de las ayudas (publicada el pasado marzo) y a su resolución para poder organizar cursos, sino que son subvencionables acciones formativas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
La orden reguladora de estas ayudas fue modificada en noviembre del año pasado para resolver los problemas que presentaban algunos ayuntamientos para ejecutar los fondos, al no poder realizar cursos hasta que se publicaba la concesión de las subvenciones. Así permite que los ayuntamientos puedan distribuir mejor los cursos durante el año y que no se concentren en el tiempo al tener que esperar a la publicación de la resolución.
También facilita a las entidades locales ajustar mejor el contenido de los planes al importe que reciban. Eso evitará las frecuentes modificaciones posteriores para reducir los planes de formación aprobados inicialmente y minorar la cuantía de las subvenciones concedidas o incluso devolver fondos.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
La nueva orden sustituyó a la anterior normativa de 2014 para responder a demandas planteadas por muchos ayuntamientos durante los últimos años y en el marco de la apuesta de la Junta por la simplificación administrativa, también para los ayuntamientos.
Se mantiene el pago adelantado del 25 por ciento de los fondos concedidos para la organización previa y hasta otro 25 por ciento al inicio de los cursos. El resto se abonará una vez terminados y justificados.
Con estas subvenciones, la Junta demuestra su compromiso con la formación de los empleados públicos, ya que los recursos humanos son el principal capital de cualquier administración y la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, el Gobierno andaluz colabora con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales.
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