MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros autorizó en su reunión de este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el reparto de casi 783,2 millones de euros, en concreto 783.197.429 euros, entre las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales, y Ceuta y Melilla para la financiación del nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con el fin de “avanzar” en el nuevo modelo de cuidados en dependencia.
Así lo anunció el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado emitido al término de dicha reunión y en el que subrayó que la cifra revalida el récord histórico de 2023 para financiar el SAAD, incrementando en hasta 500 millones la dotación presupuestaria que hubo en 2021.
Del presupuesto total, Andalucía recibirá 142,5 millones de euros (18,2%), Cataluña, 107,7 millones (13,7%) y la Comunidad de Madrid, 102,6 millones (13,1%).
En este contexto, el ministro aseveró que, para el Gobierno, “la dependencia es una cuestión de Estado” y avanzó que va a “destinar todos los recursos posibles” que estén en su mano “para reforzar el sistema”.
Asimismo, explicó que este año se repite la cifra debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y recordó que el objetivo es que el Ejecutivo central siga aumentando esta cifra en los próximos años hasta alcanzar el 50% de la financiación total en cada territorio.
“Esto es algo que figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta legislatura y que vamos a poner en marcha con el compromiso de que los gobiernos autonómicos mantengan su inversión”, abundó.
PRINCIPALES OBJETIVOS
En paralelo, Bustinduy también destacó que la dotación presupuestaria aprobada este año incluye, entre sus principales objetivos, empezar a implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización que ha desarrollado el ministerio que dirige y que, a su entender, supondrá una “revolución en el modelo de cuidados” porque “priorizará” que las personas en situación de dependencia reciban cuidados profesionales en su domicilio y en entornos comunitarios “para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual modelo de macro residencias”.
De esta manera, el reparto de los más de 783 millones de euros incidirá en la puesta en marcha de esta Estrategia de Desinstitucionalización, aprobada hace un mes en el Consejo de Ministros, para “dar preferencia” a servicios “centrados en la persona”, como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día.
Además, el reparto se realiza en base a criterios objetivos como el número de personas atendidas y de población “potencialmente dependiente” en cada comunidad autónoma, la reducción de las listas de espera en el territorio, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.
El dinero se reparte a través del mecanismo de financiación conocido como “nivel acordado”, que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos entre las comunidades autónomas, suscribiendo convenios entre el gobierno central y el de cada región.
TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS
La distribución de estos créditos llegó este martes al Consejo de Ministros tras haber sido ya debatida con las comunidades autónomas en diversas reuniones bilaterales, en la Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Comité Consultivo del SAAD y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para la autonomía y Atención a la Dependencia.
Tras elevarse esta distribución también al Consejo Estatal de las Personas Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, ahora el siguiente paso es elevar de nuevo esta propuesta al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su aprobación definitiva y, según puntualizó el gabinete de Bustinduy, a partir de ese momento será cuando se suscriban los convenios con cada territorio.
A este respecto, el Ministerio de Derechos Sociales quiso “poner en valor” el trabajo que está llevando a cabo junto a la Administración General del Estado para incrementar la financiación del sistema de la Dependencia y el “margen de mejora que aún hay”.
“Esta vía de financiación del nivel acordado fue suspendida en 2012, cuando quienes gobernaban en ese momento recortaron el sistema de la dependencia, y no fue recuperada hasta el año 2021 por el Gobierno de coalición”, reivindicaron fuentes del departamento de Pablo Bustinduy, al tiempo que subrayaron que “ha costado mucho esfuerzo hacer frente al déficit financiero que arrastraba el sistema”, cuya dotación, aseguraron, se incrementará “significativamente” en los próximos años con la aprobación de nuevos presupuestos.
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