MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha comunicado este martes al conjunto del Pleno el nombramiento de Encarna Orduna como nueva secretaria general y de Cristina Llop como nueva tesorera de la institución.
Se trata de los primeros nombramientos del nuevo presidente y principales cargos de referencia en la gestión cotidiana del Consejo.
Por su parte, Orduna ejerce la abogacía en Cambrils y es en la actualidad consejera electiva de la Abogacía Española después de haber ocupado el decanato del Colegio de la Abogacía de Reus durante dos mandatos.
También ha sido presidenta del Consell de la Advocacia Catalana (CICAC) en 2023 y presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía. La nueva secretaria general del Consejo también ha ejercido como profesora de la Escuela de Práctica Jurídica Guillem Maria de Brocà, del Colegio de la Abogacía de Reus, y del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Rovira i Virgili.
En cuanto a Cristina Llop, ejerce la abogacía como socia directora del despacho Écija en Zaragoza y es consejera electiva del Consejo General desde 2017, donde ha ocupado el cargo de vicesecretaria de Comunicación y Marketing. En 2014 fue elegida presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. Ya en 2022 fue nombrada la primera secretaria consejera del Consejo de Administración del Real Zaragoza Club de Fútbol de su historia. El pasado mes de noviembre, además, el Consejo le concedió la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo, en el transcurso del Pleno de este martes y con motivo de la elección de varios vocales para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de la Abogacía ha aprobado una declaración institucional en la que ha mostrado su rechazo ante la “incomprensible” ausencia en el nuevo Consejo General del Poder Judicial de abogados o abogadas entre los vocales de procedencia no judicial.
De esta forma recalca que la Constitución establece que el órgano de los jueces debería estar integrado por abogados y otros juristas, por lo que consideran que la ausencia de representante alguno de la abogacía supone “obviar este mandato” constitucional y “prescindir de quienes constituyen la pieza esencial y más cercana a la ciudadanía en el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia”.
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