MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, un real decreto para modernizar el Sistema Arbitral de Consumo con el fin de que sea “más ágil y accesible” a consumidores y empresas.
Así lo precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado en el que el ministro explicó que este sistema es un servicio público que permite a las personas consumidoras y usuarias resolver conflictos con las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales, pero con resoluciones que tienen carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.
“Y lo que hacemos ahora con este real decreto es actualizar el sistema para que pueda resolverse el proceso íntegramente de forma digital y hacerlo así más ágil y accesible a todas las personas consumidoras y usuarias”, abundó, al tiempo que destacó que estos cambios “garantizan la seguridad del procedimiento”.
En paralelo, subrayó también que, dentro de este sistema, las partes se encomiendan voluntariamente a un órgano arbitral que actúa con “imparcialidad, independencia y confidencialidad” y cuya decisión es obligatoria para todas las partes, ya que estas han aceptado “previa y voluntariamente” este procedimiento.
Tras puntualizar que dicha decisión tiene la misma eficacia que una sentencia, Pablo Bustinduy defendió que, al modernizar el sistema, se conseguirá “ahorrar tiempo y recursos tanto a las partes implicadas como a la propia administración, ya que se introducen herramientas digitales para que los procedimientos sean más rápidos y eficaces”.
GARANTIZADA EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD DEL PROCESO
A este respecto, el ministro argumentó que las solicitudes se podrán realizar de manera online a través de Internet, que las notificaciones podrán recibirse también online y que, incluso, las audiencias podrán hacerse a distancia mediante videoconferencia “y teniendo garantizada en todo momento la seguridad del proceso”.
El objetivo, según Bustinduy, es que la ciudadanía pueda acceder de manera “fácil y sencilla” a sus derechos en el ámbito del consumo sin depender de cuál sea el nivel adquisitivo o la posición social de la persona que quiera reclamar.
“Con la renovación de sistema arbitral, todo el mundo podrá luchar por sus intereses de forma segura y universal”, resaltó, al tiempo que aseveró que, con este sistema, se pueden solventar todas las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias salvo en algunos supuestos excepcionales que sí requieren de un proceso judicial, poniendo como ejemplo cuando el conflicto se produce a raíz de un caso de intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios racionales de delito.
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