CARTAGENA (MURCIA), 23 JUL. (EUROPA PRESS).-
La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha pedido ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, encargada de la modificación de la ley del Mar Menor, que su municipio pase a una zona de afección “menos restrictiva”.
La regidora municipal ha señalado que actualmente se encuentran en la zona más restrictiva, la zona 3, pero solicitan pasar a “una zona menos restrictiva, como la que tuvimos en el año 2018” y ha aludido durante su comparecencia en la Asamblea Regional a varios estudios que indican que sus aguas subterráneas no contaminan la laguna salada.
Según ella, las medidas aplicadas a la ganadería “eran restrictivas, pero desde el principio el sector, junto con el ayuntamiento se puso a trabajar”.
En ese sentido, sobre la impermeabilización de las balsas de purines, tal y como se expone en la ley del Mar Menor, ha recordado que el Ayuntamiento lanzó una Cátedra con la UPCT a través de la cual han hecho más de 300 estudios de subsuelo, junto a la Comunidad Autónoma y la Confederación.
“Esos estudios confirman que no existe percolación al acuífero y nos permiten seguir obteniendo datos y concluyen que las balsas no son las responsables de la contaminación del acuífero”, ha dicho pidiendo flexibilización en este ámbito.
En cuanto a la restricción a las nuevas explotaciones ganaderas también ha pedido equiparar estos artículos a la ley del porcino, “que permite la ampliación de granjas existentes dentro del mismo grupo de producción, algo que sería necesario para la economía local y regional”.
Martínez ha advertido que el sector ganadero tiene “una incertidumbre constante” y ha aludido también a otro estudio, esta vez del Instituto Geológico Minero, que indica que Fuente Álamo está “desconectado aparentemente del acuífero del Mar Menor. Eso concluye que Fuente Álamo no contamina el Mar Menor a través de las aguas subterráneas, aunque pertenecemos a la cuenca vertiente y cuando llueve en Fuente Álamo, a través de la rambla de El Albujón pueden llegar las escorrentías hacia Los Alcázares, hacia la desembocadura”.
Igualmente, ha expresado su desacuerdo con las normativas que equiparan las exigencias para los operadores agroambientales en regadío y secano. “No tiene sentido que la ley del Mar Menor trate por igual a los operadores de regadío que a los de secano”, ha dicho.
EJECUCIÓN DEL COLECTOR NORTE EN EL ALBUJÓN
Ante la Comisión también ha comparecido el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, que ha reivindicado la ejecución del colector norte de El Albujón. Según ha dicho, “si se hubiera desarrollado el Plan Vertido Cero al Mar Menor, tendríamos el colector norte de El Albujón, que estará rebajando el acuífero, que todos los científicos señalan como el principal problema”.
Durante su comparecencia también ha hecho un repaso a las inversiones llevadas a cabo en el municipio en materia de saneamiento, así como contra el efecto de las inundaciones.
A su juicio, la depuradora de San Javier, “es una de las más modernas del país y que sigue en permanente evolución. No tiene punto de vertido y, por lo tanto, no puede verter al Mar Menor y puede tratar 7.600 metros cúbicos al día, siendo su capacidad de 22.500 metros cúbicos al día”.
Luengo ha asegurado que la depuradora “tiene capacidad para el tratamiento suficiente de futuros incrementos de caudales de aguas residuales generados por encima del crecimiento de la población”.
El alcalde de San Javier también ha pedido a los diputados regionales que mejoren la ley del Mar Menor, pero “apartando cualquier tipo de demagogia y uso político del Mar Menor” y que para ello se basen en datos y estudios objetivos.
Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Sevilla considera que “por mucho que la ley saque a Fuente Álamo del ámbito de actuación, el acuífero que está bajo Fuente Álamo está tan contaminado como la otra parte del acuífero y si está contaminado estará bajo el ámbito de aplicación de las medidas cautelares de la Confederación”, ha dicho.
El diputado de VOX Antonio Martínez ha recordado que en la ley “hay un consenso, con ciertos matices, que se trata de un reglamento meticuloso para la agricultura, pero laxo para el resto de actividades que regula”.
Desde el PP, Joaquín Segado considera que a veces “la mala praxis de algunas personas hace que se condene a todo un sector, aunque la inmensa mayoría cumple con las condiciones que se le imponen y acomete las obras necesarias2.
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