MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigió este lunes al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, la “regulación estricta” de los cargos de gestión de entradas online a espectáculos musicales y el establecimiento de “límites máximos” en “proporción” al precio de la misma.
Así lo reclamó en un comunicado en el que expuso los principales resultados de su análisis sobre la adquisición de entradas online para eventos culturales y deportivos, que muestra que, en 28 de 50 compras, los gastos de gestión “duplicaron el precio base” y superaron el 20% del precio original, según informó la asociación en un comunicado en el que abogó por “proteger” a los consumidores frente a “prácticas desleales”.
Tras puntualizar que “muchos” vendedores de entradas online imponen gastos de gestión “que pueden superar el 10% del precio de la entrada, sin que haya una prestación de servicio adicional por el organizador del evento”, una práctica que juzgó “inaceptable y abusiva”, advirtió de que, en algunos casos se dan “variaciones significativas” en los gastos de gestión para el mismo evento “dependiendo de la plataforma de venta utilizada”.
“Esta situación no solo afecta económicamente a los consumidores, sino que también genera una sensación de desconfianza y frustración”, lamentó, al tiempo que indicó que, “a menudo”, los compradores “no son conscientes del coste total a pagar hasta las etapas finales del proceso de compra”, lo cual, a su juicio, “puede llevar a decisiones impulsivas o a la cancelación de la compra por el alto precio inesperado”.
En este contexto, instó a la Dirección General de Consumo, adscrita al departamento de Bustinduy, a implementar “de inmediato” una serie de medidas para “erradicar estos abusos”, entre los que citó esa “regulación estricta” de los cargos de gestión, estableciendo “límites máximos” en “proporción” al precio de la entrada; la imposición de sanciones a las plataformas que apliquen cargos “injustificados, desproporcionados o engañosos” y la obligatoriedad de transparencia en la comunicación de todos los cargos adicionales antes de la confirmación de la compra.
Por último, hizo hincapié en la necesidad de “actuar con la máxima celeridad” para implementar medidas que “erradiquen estos abusos” así como mecanismos “efectivos” para “asegurar” que los derechos de los consumidores “sean respetados” y que se eviten prácticas “engañosas y abusivas” en la venta de entradas online.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 emitió hace apenas diez días una nota informativa en la que señaló que los gastos de gestión de las entradas adquiridas online para espectáculos como festivales de música, conciertos o musicales deben estar incluidos “en todo momento” en el precio que se publicita en el canal de venta y que debe tratarse de “una cantidad fija que no varía en función del precio”.
En paralelo, el gabinete de Bustinduy colabora en una campaña nacional de “vigilancia” del mercado para “verificar” que los operadores de comercio electrónico y webs de festivales de música cumplen la normativa vigente y sancionar posibles irregularidades.
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