SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El grupo ‘popular’ defenderá este próximo jueves, 25 de julio, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara autonómica muestre “su rechazo a la iniciativa de determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno central, en el sentido de pretender cercenar y coartar la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de la prensa libre”.
Así figura entre las reivindicaciones de la PNL relativa a la libertad de expresión, el derecho a la información y las garantías constitucionales, consultada por Europa Press, que el PP-A defenderá en el Parlamento andaluz, en la que se acusa a “determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno” de pretender “coartar” esos derechos “con la excusa de transponer normativa europea en materia de pluralidad mediática, cuando en realidad lo que se puede pretender es otorgar financiación discrecional, socavando uno de los pilares en un Estado Social y Democrático de Derecho como garante del pluralismo y la transparencia informativa”.
Además, el PP-A plantea en esta iniciativa que el Parlamento de Andalucía muestre “su más absoluto rechazo a reformas legislativas que comprometan la seguridad del Estado y, por ende, la de los ciudadanos”, y que apele “a la responsabilidad del Gobierno de España para que salvaguarde y mantenga los principios inspiradores y el articulado en lo sustantivo, de leyes como la de Secretos oficiales y la de seguridad ciudadana, garantizando la protección de los intereses nacionales y de los españoles de una forma eficaz, sin perjuicio de las adaptaciones que pudiesen proceder consecuencia de las nuevas tecnologías y los avances en el tratamiento de la información”.
En tercer y último lugar, el PP-A quiere con esta PNL que el Parlamento andaluz muestre “su rechazo a la opacidad y reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España en lo que respecta a la Ley de Transparencia, al derecho de acceso a información oficial e institucional que debe ser pública”, y manifieste “su absoluto compromiso con estos valores de la democracia moderna como actuaciones básicas e irrenunciables, entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones con los ciudadanos”.
CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para justificar la presentación de esta PNL, el grupo ‘popular’ sostiene en su exposición de motivos que “nos encontramos ante una situación de acelerado deterioro democrático cuyos niveles son ya alarmantes, dado que carecen de precedentes en los 45 años de nuestra andadura constitucional y nos alejan cada vez más de los exigibles estándares europeos”.
“Existe un desafío abierto contra herramientas tan esenciales para la convivencia democrática y la defensa frente a los abusos de poder como son las libertades de información y de opinión”, asevera también el Grupo Popular en esta PNL en la que se reivindica la libertad de prensa como “parte del núcleo esencial del sistema de pesos y contrapesos que identifican a la democracia liberal, distinguiéndola de las variantes populista o plebiscitaria que intentan suplantarla”.
La iniciativa ‘popular’ denuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha situado en la diana de una contraofensiva política” la libertad de prensa, igual que la “independencia judicial” y “el respeto a los derechos de la oposición parlamentaria”, con el propósito de “rehuir la asunción de sus responsabilidades, de la rendición de cuentas ante los ciudadanos y sus representantes políticos”.
No obstante, desde el grupo ‘popular’ advierten de que, “por mucho” que Pedro Sánchez “intente auto atribuirse la condición de mártir de las libertades de expresión y de información, lo cierto es que España, en su calidad de auténtica democracia, cuenta con mecanismos contrastados para la tutela judicial efectiva de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a los que él, como cualquier otro ciudadano, puede acogerse”.
Además, la argumentación de la proposición no de ley del PP-A concluye que, “sin perder de vista los límites marcados por estos derechos individuales, los cargos públicos no gozan de ningún fuero especial de inmunidad frente al derecho a la información, sino que, por el contrario, están obligados a soportar un mayor grado de crítica, tal como ha quedado establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional, así como a proceder con transparencia y a no eludir la rendición de cuentas”.
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