MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Facua-Consumidores en Acción exigió este miércoles la imposición de un seguro obligatorio por cierre y responsabilidad civil a las clínicas privadas en cuantías “proporcionales” a las cifras de negocio, que “haga frente” a los “perjuicios” causados a los consumidores ante los “constantes” casos de “fraudes” y cierres de clínicas odontológicas o estéticas y reclamó a los ministros Pablo Bustinduy y Mónica García una “mayor y mejor regulación” de este sector.
Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que se ha dirigido al ministro de Consumo y a la ministra de Sanidad para trasladarles la “urgente necesidad” de llevar a cabo dicha medida con el fin de “evitar” la “desprotección” de los usuarios ante un modelo de negocio que, a su juicio, “se ha basado en el rápido crecimiento y el beneficio económico inmediato mediante la financiación vinculada a los tratamientos en perjuicio de los ciudadanos”.
“Buena muestra de ello son los casos de iDental, Dentix y SmyDent, o, más recientemente, los de distintas clínicas estéticas como Centros Ideal o las de la marca Único, que han cerrado sus puertas dejando a miles de usuarios con tratamientos pagados o financiados y a medio terminar o directamente sin haber empezado y sin garantías, además de intervenciones mal ejecutadas, con daños derivados de negligencias profesionales o uso de materiales de baja calidad”, denunció.
Facua recordó también que lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas “que se pongan de acuerdo” para, mediante una ley, “obligar” a las empresas a que tengan un seguro de responsabilidad civil “proporcional” a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por “daños, fraudes o cierres” y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo.
“La ley general de 1984 preveía que el Gobierno desarrollase la regulación de dichos seguros y el fondo de depósito, pero casi cuarenta años después sigue sin aprobarse”, criticó, al tiempo que incidió en la necesidad de establecer la obligatoriedad de poner a disposición de los usuarios información “clara, completa y accesible” sobre los centros sanitarios, “mejorando” el Registro de Establecimientos y Centros Sanitarios.
A su entender, de esta manera, debería identificarse al titular de la clínica y a los profesionales médicos que ejercen allí, cartera de servicios autorizada, facilitar los datos del seguro de ambos y la fecha y resultado de los controles y planes de inspección que haya realizado la administración.
HISTORIAS CLÍNICAS Y CONTROL EFECTIVO DE PUBLICIDAD
Además, según su criterio, deberían regularse una serie de garantías de acceso y recuperación de las historias clínicas que prevea su conservación en caso de cierre de los establecimientos y la publicidad sanitaria dirigida a los consumidores, así como un control “efectivo” sobre la misma.
Junto a ello, consideró “imprescindible” que se realicen controles e inspecciones “periódicos” de forma anual, “sin previo aviso”, y ante denuncias de usuarios, colegios profesionales y otras instituciones y organizaciones.
“Si se detecta una irregularidad, los procedimientos sancionadores deben ser efectivos y disuasorios, con multas cuyas cuantías cumplan verdaderamente su objetivo de evitar la reincidencia en la infracción. Estas sanciones, además, deben ser públicas y publicitadas, para que los usuarios conozcan antes de contratar si la empresa en cuestión ha sido multada”, sentenció, al tiempo que subrayó que, para casos de cierres, debe regularse una clausura “ordenada” en la que existan protocolos “garantistas” para los usuarios afectados, que “protejan sus derechos”.
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