PALMA, 18 (EUROPA PRESS)
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron durante 2023 un total de 3.670.061 productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de 148.911.114 millones de euros, con Baleares entre las comunidades donde mayor número de este tipo de productos se incautaron.
También se llevaron a cabo 1.310 operaciones a nivel nacional que culminaron en la detención o investigación de 1.238 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Así se refleja en los datos anuales de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones, publicados este jueves por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad y que recogen operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y policías locales.
El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde al sector textil (62%). Le siguen, por volumen, los sectores de la juguetería (12,9%), marroquinería y complementos (4,5%) y calzado (3,1%).
En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (67,8 %), seguido de establecimientos comerciales (18,4 %) y domicilios (5,1 %).
Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana, Baleares y Región de Murcia son las comunidades autónomas donde se han incautado mayor número de artículos falsificados.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en las operaciones de lucha contra las falsificaciones, incautación y retirada del mercado de los productos falsos.
Las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen “consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajos directos, y reducen la venta de los productos legítimos”, ha explicado la Oficina.
También han avisado que los productos falsificados suponen un riesgo para los consumidores, al eludir los controles de calidad y las normas de fabricación, así como los controles e inspecciones oportunos para su posterior comercialización de forma segura.
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