MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este viernes su segunda citación para declarar en calidad de investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Como el pasado 5 de julio, volverá a entrar en los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje y su defensa ha vuelto a solicitar que la declaración se grabe sólo en audio.
La decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, dictó el jueves un nuevo acuerdo gubernativo por el que autorizaba de nuevo al entrada de Gómez por el garaje por razones de seguridad y limitaba el acceso a las inmediaciones del juzgado número 41 de Madrid para evitar la entrada de agitadores y grabaciones furtivas tal y como sucedió en su primera comparecencia.
La primera comparecencia de Gómez en el juzgado fue suspendida porque no se le había dado traslado de la querella de Hazte Oír, razón por la que el juez la postpuso. Poco después de citación del 5 de julio se conoció la existencia de un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza media docena de contratos suscritos por la UTE de Juan Carlos Barrabés descartando irregularidades en la contratación, en la misma línea del enviado al juez el pasado mes de mayo.
La información se entregó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado 2 de julio y analiza contrataciones del ente público Red.es, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Superior de Deportes con la UTE de Barrabés, que obtuvo la mayor puntuación en el concurso convocado para su adjudicación.
Según la denuncia de Manos Limpias, las empresas de Barrabés habrían sido recomendadas mediante cartas firmadas por Begoña Gómez. El informe de la UCO no analiza todos los contratos, puesto que parte de ellos están ya siendo investigados por la Fiscalía Europea, al haber sido sufragados con fondos comunitarios.
La UCO asegura en su escrito de 102 páginas que todos los contratos “se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Y añade que “en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos, algunos de ellos vigentes actualmente, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
La UCO envió al juez el citado informe tres días antes de la primera citación hecha a Gómez para declarar como investigada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pero el instructor no lo trasladó a las partes.
La Guardia Civil indica que este informe debe entenderse “en términos de presunción” sometida “en todo caso, a la valoración que de ellas haga la autoridad judicial” para “determinar la existencia de posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos”.
VICERECTORES
El juez Peinado también tomará declaración a dos testigos este viernes. Se trata del vicerrector de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, y la persona que le precedió en el cargo, Juan Carlos Doadrio Villarejo, para indagar sobre la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, codirigida por Gómez.
Tras tomar declaración el pasado día 5 al rector, Joaquín Goyache Goñi, que rechazó cualquier irregularidad, el magistrado continúa haciendo pesquisas para comprobar si hubo algún comportamiento reprochable desde el punto de vista penal.
El instructor preguntó al rector sobre la creación de la cátedra y Goyache explicó que mantuvo una reunión con la esposa de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras recibir una llamada de su secretaria, que dio lugar más tarde a la creación del máster. Ambos testigos están citados a partir de las 13.00 horas.
RECURSOS
El abogado de Begoña Gómez recurrió el pasado día 9 ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Peinado en el que le informaba de que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos” que había mantenido desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno.
En su escrito de apelación, el letrado sostiene que el instructor está realizando una investigación “prospectiva e inquisitorial”, que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente. Antonio Camacho, que representa a Gómez, argumenta que “en un Estado de derecho avanzado como el nuestro” no cabe la investigación de “toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.
La defensa de Gómez volvía así a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios.
Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, “mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea”.
No es el único recurso que está pendiente de resolución. El pasado martes la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial acusando al juez de haber incurrido con su instrucción en una “deriva“ por la “amplísima” dimensión de esta causa “general” basada en datos generales con “falta de concreción”.
El Ministerio Público acudía así a una instancia judicial superior al Juzgado de Instrucción número 41 con la tesis de que su titular ha sobrepasado los hechos a los que acotó el procedimiento la propia Audiencia Provincial de Madrid al practicar diligencias sin aclarar las razones que hacen procedente esta investigación judicial contra la mujer del presidente.
La Fiscalía afea al instructor que investigue “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España”, con excepción de los contratos públicos financiados con fondos europeos que están en manos de la Fiscalía Europea.
El recurso critica que pese a que el juez respondió al requerimiento de Gómez para saber los motivos de su investigación, no lo hizo de manera concreta, lo que constituye una “dificultad” para que la mujer del presidente comprenda el “objeto fáctico” de las diligencias.
GRABACIONES
Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha vuelto a solicitar a juez Peinado que la declaración de su defendida se grabe sólo en audio y no en vídeo, después de que las imágenes de su primera comparecencia fueran difundidas en medios de comunicación. Trata así de “limitar la vulneración de derechos” de su defendida y garantizar su presunción de inocencia.
Además, el abogado quiere que se añada una marca de agua a la copia que se entrega a las partes personadas con el objetivo de identificar al filtrador en caso de que finalmente se grabe en vídeo la comparecencia.
En su escrito, recuerda los incidentes del pasado día 5 cuando varios agitadores grabaron a Gómez amparándose en que eran colaboradores de las acusaciones y pide al magistrado que si una situación así se volviera a producir expulse del proceso a la acusación responsable.
Como en su anterior comparecencia, podrán acceder al distribuidor de la sexta planta, donde se encuentra al Juzgado número 41, medios de comunicación acreditados “limitándose este acceso a las agencias de noticias Colpisa, Efe, Servimedia y Europa Press”, y se establece que los profesionales “estarán acompañados por un representante del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Además, explica el acuerdo gubernativo, tras la correspondiente consulta con los responsables del servicio de seguridad que vigila los juzgados, se va a reforzar el dispositivo de seguridad que vigilará el buen desarrollo de la declaración.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Esta misma semana, se ha conocido que la Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez Juan Carlos Peinado, que investigue si Gómez pudo haber cometido un delito de “apropiación indebida” tras una investigación interna de la Universidad para “averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de la institución”.
La investigación de la Complutense versaba sobre la licitación de ciertos contratos suscritos y “los gastos celebrados en el marco de la Cátedra de Transformación Social Competitiva”. La universidad explica, además, que no ha recibido información de Gómez sobre estos hechos cuando se la ha reclamado.
El escrito de la Complutense explica que “las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio, en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes”.
En concreto, pide que se investigue una factura presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva por importe de 24.200,00 euros, IVA incluido. También un contrato menor para el Servicio de Consultoría y Asistencia por importe de 18.148.79 euros. El tercer contrato bajo estudio es uno para la asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa, por valor de 60.500 euros.
La Complutense quiere saber si hubo “una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos antes citados”.
BARRABÉS
El pasado lunes, declaró el empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez en la cátedra. En su comparecencia aseguró haber participado en varias reuniones en el Palacio de La Moncloa y llegó a desvelar que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en alguna.
Esta es la versión que al acabar la declaración ofrecieron a los medios de comunicación los letrados de las acusaciones. Al parecer, Barrabés sólo se encontró en dos ocasiones con el presidente del Gobierno, una de ellas en el marco de una ronda de contactos sobre innovación con otros empresarios en la que no estaba presente Begoña Gómez.
En la segunda ocasión, el empresario participó en una reunión en la que sí estaba la esposa del presidente y otras personas. Durante este encuentro, Pedro Sánchez pasó un momento para saludar a los asistentes y se marchó rápido. Al finalizar esta declaración, Barrabés mantuvo su condición de testigo y el abogado de Gómez aseguró que su testimonio no aportó novedades que pudieran perjudicar a su representada.
Juan Carlos Barrabés es el responsable de la empresa tecnológica Innova Next SLU, que recibió varios contratos públicos después de que Begoña Gómez, firmara dos cartas de recomendación.
Las acusaciones populares, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y Regeneración Democrática de España, señalaron tras la declaración que en el interrogatorio no es ha abordado el detalle de los contratos que estaría investigando el juez Peinado, y sobre algunos de los cuales ya ha informado la UCO de la Guardia Civil, concluyendo que no hay indicios de delitos en las contrataciones.
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