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El Gobierno de Castilla-La Mancha urge al Gobierno a elaborar las nuevas normas de explotación: “Estamos retrasados”

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TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha apremiado este miércoles al Gobierno de España para desarrollar la nuevas reglas de explotación de trasvase Tajo-Segura.

“Es necesario modificar las reglas de explotación, no cabe otra posibilidad”, ha señalado Gómez durante su atención a los medios de comunicación antes de participar en la jornada de presentación de las nuevas ayudas al impulso de la Economía Circular, en Toledo. “El Gobierno regional también pone a disposición de los municipios que seamos capaces también de ahorrar agua y que seamos capaces también de hacer un buen uso del agua, eso es importante. Pero como digo ya necesitamos esa regla de explotación, vamos tarde, saben ustedes que en febrero de este año 2024”, ha añadido Gómez.

La consejera ha señalado que “hay que cumplir los caudales ecológicos, lo dicen cinco sentencias judiciales que avalan esta situación”, añadiendo que “además lo avala la propia necesidad de tener un río vivo, de que el río tenga un régimen natural que es lo que venimos pidiendo desde hace muchos años desde el gobierno de Castilla-La Mancha”.

Gómez ha apuntado que “aunque la planificación hidrológica de la Cuenca del Tajo planifica estos caudales hasta el 2027”, el año establecido en dicha planificación para realizar la modificación de las reglas de explotación se cumplió el pasado mes de febrero.

“Por lo tanto necesitamos que cuanto antes se ponga encima de la mesa ese informe técnico del CEDEX”, ha indicado la consejera, añadiendo que “corresponde al Estado el hacer la información pública necesaria del mismo y la idea del Gobierno de Castilla-La Mancha es que en el momento que tengamos a disposición ese informe no sólo lo analicemos técnicamente desde el Gobierno de Castilla-La Mancha sino que convoquemos el Pacto Regional del Agua”.

Mercedes Gómez ha recordado, además, que Castilla-La Mancha ha sido “la única comunidad autónoma que ha aportado también un informe técnico sobre lo que se debería hacer”.


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