MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a catorce meses de cárcel al exalcalde de Los Palacios y Villafranca entre los años 2004 y 2011 Antonio Maestre en una pieza separada del ‘caso ERE’ por las ayudas, por un montante total de 750.000 euros, otorgadas por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de esta localidad sevillana para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al desarrollo de actividades ecuestres.
En la sentencia notificada este miércoles, el tribunal condena al exalcalde como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y le impone un año y dos meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y nueve meses por el delito de malversación, así como un año y once meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
De igual modo, la Sección Primera condena a una interventora accidental del Ayuntamiento por los mismos delitos en concurso medial, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño, y le impone un año de cárcel y dos años y medio de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Por último, los magistrados absuelven al también exalcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004 Emilio Amuedo de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos por los que fue enjuiciado al considerar que ambos delitos han prescrito.
En el juicio celebrado el pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por el PP solicitaron para los tres acusados, como cooperadores necesarios en calidad de extraneus, cuatro años y un mes de cárcel e inhabilitación absoluta por once años por el delito de malversación, así como la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años por el delito de prevaricación, en ambos casos con la atenuante de dilaciones indebidas. De su lado, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía pidió para cada acusado seis años y un día de prisión y quince años y un día de inhabilitación absoluta como autores de dichos delitos.
La Sección Primera considera probado que el exalcalde de Los Palacios Emilio Amuedo suscribió el 20 de marzo de 2003 con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta un protocolo de colaboración en virtud del cual ésta última asumía el pago de un importe total de seis millones de euros, como ayuda excepcional, a abonar en los ejercicios presupuestarios de 2003 y 2004, indicándose en el protocolo que el objeto de la ayuda consistía en la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al desarrollo de actividades ecuestres.
Este protocolo especificaba además que existía un plan de viabilidad para la ejecución del proyecto, “a cuyo cumplimiento se comprometía el Ayuntamiento en función de las ayudas disponibles”, añaden los magistrados, que subrayan que este plan de viabilidad “no aparecía unido” al protocolo “ni ha sido localizado”.
La sentencia agrega que, a consecuencia del protocolo firmado con el Ayuntamiento, el entonces director general de Trabajo firmó el día 28 de octubre de 2003 un convenio de colaboración con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en el que se encomendaba a éste organismo la materialización singular de una ayuda específica e incondicionada a favor del Consistorio respecto del proyecto de viabilidad para la construcción del referido centro ecuestre, fijándose en 901.518,16 euros la cantidad máxima de la ayuda, que debía abonarse en una cuenta bancaria cuyo titular era el Ayuntamiento.
Se prescindió del procedimiento legalmente establecido “a pesar de que el convenio hacía constar que la documentación acreditativa que autorizaba la operación se encontraba en poder de la Dirección General de Trabajo, dicha documentación no existía”, asevera el tribunal, que explica que, en virtud de dicho protocolo de colaboración y el subsiguiente convenio de colaboración, se obtuvieron tres pagos por un importe total de 750.000 euros en la cuenta del Ayuntamiento de Los Palacios, el primero de los cuales, ascendiente a 50.000 euros, se recibió el 5 de marzo de 2004, cuando aún era alcalde Emilio Amuedo.
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