MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, pidió este martes a la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria para fines sociales así como llevar a cabo la reforma “urgente” de la Ley de Desindexación.
Así lo demandó en el transcurso de una reunión en la que le presentó sus demandas en torno a la garantía y reconocimiento de los derechos a todas las personas, el diálogo civil y la sostenibilidad financiera del sector, según explicó la plataforma en un comunicado.
Durante el encuentro, la plataforma destacó que el Tercer Sector es “un actor fundamental y un agente clave” para la “defensa y promoción” de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y, además, desempeña un “rol imprescindible” en el sistema de producción de bienestar social de España y ha sido un “aliado clave” para el sector público “en cada crisis que ha existido en los últimos tiempos”.
En concreto, el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, explicó que la plataforma propone aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria para fines sociales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, para que las entidades sociales puedan “contar con mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar, así, su impacto social”.
Además, el vicepresidente de la plataforma recordó que, desde el Tercer Sector, se solicita la reforma “urgente” de la Ley de Desindexación por su “grave impacto” en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector y reclamó “que se regule, legalmente, la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, por razones de interés social”.
EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL
Por su parte, la vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la Plataforma del Tercer Sector, Patricia Sanz, puntualizó que las empresas de inserción social “constituyen una forma de englobar la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y la creación de riqueza, a través del desarrollo de una actividad económica real”.
En paralelo, también resaltó que estas empresas “permiten reducir las situaciones de exclusión y discriminación social y favorecen la independencia e integración social”.
En relación con los centros especiales de empleo, solicitó que “cualquier desarrollo o modificación legal mantenga la diferenciación entre los centros que son de iniciativa social y los que son de iniciativa privada o con ánimo de lucro”.
Junto a ello, reclamó el impulso a la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, que, recordó, “todavía no se ha constituido formalmente”.
LEY DE ECONOMÍA SOCIAL
Por lo que respecta a las empresas de economía social y los contratos laborales, Ana Abril, en representación de Cáritas, hizo hincapié en las incompatibilidades que existen entre las modalidades de contratación de la reforma laboral y el acceso a las empresas de inserción y en la “importancia” de “buscar un mejor encaje entre ambas normativas”.
Por otra parte, la plataforma también pidió que la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario se pueda aplicar “de una forma óptima y eficiente”.
Para concluir, a lo largo del encuentro, el coordinador de la Plataforma del Tercer Sector, Fran Lores, demandó la colaboración de la Secretaría de Estado en relación con la campaña de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades para conseguir que más empresas la marquen.
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