SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a insistir en la necesidad de atender a los niños, menores, migrantes y sin referencias familiares, primando el interés superior del menor. “No es una protección voluntaria, es obligada, porque así lo establece la legislación nacional e internacional”, ha manifestado, en plena polémica por el reparto de 347 menores migrantes aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado miércoles entre Gobierno y comunidades autónomas.
Esto ha manifestado este martes durante la presentación del informe de la gestión realizada en el año 2023 ante la Comisión parlamentaria específica sobre políticas para la protección de la infancia en la comunidad andaluza.
En alusión a este informe, Maeztu ha puesto el acento este año 2023 en la infancia en situación de riesgo. Situaciones que, en principio, ha transmitido la institución en un comunicado, “no alcanzan la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo”, pero en la que “sí es preciso la intervención de la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar”.
Durante su investigación, la Defensoría ha detectado que las medidas preventivas “no siempre son suficientes o, en su caso, no llegan a todas las personas menores de edad y familias que las demandan”. En otras ocasiones, puntualiza, “no se identifican con las verdaderas necesidades de las personas afectadas; o, incluso, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor que conlleva su separación de la familia, con el coste emocional, social e incluso económico que de ello se deriva”.
También ha comprobado las “demoras” de las administraciones locales en la formalización del abordaje de las situaciones de riesgo y la “insuficiencia” de recursos personales, entre “otras carencias”. Ante esta situación, el Defensor de la Infancia y Adolescencia ha propuesto una quincena de recomendaciones, entre las que destacan: un Registro de declaraciones de riesgo para este colectivo; aumento de la inversión orientada a la permanencia del niño en su entorno familiar, siempre que ello responda al interés superior del menor; formación de los profesionales y un protocolo de detección.
En relación a otros temas, el Defensor ha incidido ante la comisión parlamentaria en las principales problemáticas que recoge el informe de 2023 como resultado de las demandas ciudadanas: situaciones de violencia en la infancia, salud y educación.
Maeztu ha mostrado su preocupación por la violencia hacia la infancia, sobre todo en las víctimas de la violencia vicaria y los menores huérfanos de violencia de género. También en temas de educación, donde ha vuelto a incidir en la necesidad de apostar por una educación inclusiva con más inversión para ello, y en la lucha contra el abandono escolar. Finalmente, en materia de salud, ha insistido en dos grandes problemáticas: la salud mental en la infancia y adolescencia, y la falta de pediatras en atención primaria, sobre todo en ciertas zonas de la geografía.
En cuanto al número total de actuaciones tramitadas en 2023, se ha elevado a 5.728, lo que representa un 15% más que en 2022, de las cuales 2.762 se refieren a quejas y 2.966 a consultas.
- Te recomendamos -
