La sociedad realizaba desocupaciones extrajudiciales utilizando coacciones, amenazas y violencia
TARRAGONA, 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Tarragona ha revocado el auto de prisión preventiva para dos de los detenidos en el marco de una operación policial contra Antiokupa Tarraco, una empresa aparentemente legal, pero que presuntamente realizaba desocupaciones extrajudiciales utilizando coacciones, amenazas y violencia para desalojar a los inquilinos.
En el primero de los autos consultados por Europa Press, la Sección 4 de la Audiencia de Tarragona acuerda dejar en libertad con la obligación de comparecer en los juzgados los lunes de cada semana a uno de los investigados y ordena que entregue su pasaporte para impedir que abandone el país.
El auto sostiene que existen conversaciones telefónicas de las que se desprende que este investigado era “el principal director o gerente” de la empresa investigada, así como su administrador y que, textualmente, estaba totalmente vinculado a la actividad societaria y bancaria de dicha compañía.
Aunque el tribunal considera que estos indicios justifican su imputación por delitos de daños, coacciones, amenazas, acoso, allanamiento de morada, robo con fuerza y lesiones, el investigado presenta un intenso arraigo en España, pues tiene domicilio fijo conocido y una hija menor de edad.
Por este motivo, el tribunal no valora un riesgo de fuga, por lo que la medida de prisión provisional “no se considera proporcional”.
Tampoco se aprecia un riesgo de reiteración delictiva, pues no consta que tenga ninguna otra condena por hechos de similar naturaleza.
NO APRECIA RIESGO DE FUGA
En el segundo caso, la Sección 4 de la Audiencia de Tarragona aplica la misma medida a otro de los investigados, pues se trata de un hombre de nacionalidad española, con domicilio fijo conocido, con una hija menor de edad y pareja y que tiene un amplio arraigo laboral en el país.
El tribunal considera que aunque los hechos que se investigan son graves, “los tintes organizativos se encuentran muy localizados en la provincia de Tarragona”, considerando la Sala que no existe un riesgo de fuga elevado que justifique el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional.
En relación a este segundo investigado, el tribunal sostiene que fue identificado tanto policialmente como por terceras personas acompañando a otro de los sospechosos “con la intención de presionar o coaccionar” a inquilinos con el objetivo de que abandonaran el piso y que también aparece en las redes sociales de la citada empresa.
LA EMPRESA
La Audiencia de Tarragona sostiene que en el marco de la presunta labor de desocupación, la sociedad “tras no haber alcanzado una vía de desalojo de dichos inmuebles negociada, habría acudido a otras vías”.
Estos métodos consistían, según el tribunal, en amenazas, seguimiento a los inquilinos en la calle o en sus puestos de trabajo, causando daños en sus propiedades, coches o a los propios domicilios, llegando incluso a entrar en tales domicilios sin consentimiento de sus moradores o a causar lesiones a alguno de ellos”.
En la operación contra esta empresa, que instruye el Juzgado de Instrucción 3 de Reus, 16 personas fueron detenidas y 11 investigadas como presuntas autoras de delitos de lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas, delitos contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, descubrimientos y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.
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