ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha exigido este lunes al Gobierno de España un reparto “más justo” del déficit y ha urgido, por otra parte, a acometer la reforma del sistema de financiación autonómica.
Tras participar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid, Bermúdez de Castro ha informado de que el Gobierno de Aragón se ha abstenido en la votación sobre la senda financiera “ante la falta de información y de un reparto más justo” ya que el Ejecutivo central se queda el 96% del déficit y las Comunidades Autónomas el 4%, “una décima, el 0,1%”.
Bermúdez de Castro ha argumentado que “las comunidades somos las que soportamos todo el peso social de los Presupuestos y era más justo un déficit un poco más elevado”.
En cuanto a la financiación autonómica, “como era de esperar, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo” y Aragón ha pedido a la ministra, María Jesús Montero, “que se aborde el sistema de financiación de una vez”, aseverando: “Nosotros tenemos recursos escasos, estamos sufriendo presupuestariamente por culpa de la necesidad de gasto, de mejores servicios”.
Además, el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés ha considerado que el modelo de reforma de la financiación catalana propuesto por la Generalitat “supondría una pérdida de la igualdad entre españoles, una ruptura de la caja de Hacienda y Aragón tendría serias dificultades para poder pervivir como Comunidad”. “Está claro que hay una negociación con Cataluña, que va a haber una negociación diferenciada, aparte del Consejo”, se ha quejado.
Bermúdez de Castro ha comentado, en relación a las entregas a cuenta, que la Comunidad Autónoma recibe cada mes 45 millones de euros menos y respecto al año próximo se incrementarán las cuantías para el conjunto de las comunidades autónomas.
Por otra parte, el consejero aragonés ha planteado la reforma del reglamento del Consejo para que el voto sea más ponderado, de manera que no solamente el Gobierno de España tuviera “poder de decisión”, pero “lo han echado atrás”.
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