San José quiere poder prepararles para “volver a las calles de una Euskadi que es justo lo contrario de lo que ellos combatieron”
SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha asegurado desde el Gobierno Vasco no “cejarán en intentar conseguir” que cuando los presos de ETA salgan de prisión lo hagan “admitiendo, no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado”, y que “les podamos preparar para volver a las calles de una Euskadi que es justo lo contrario de lo que ellos combatieron”.
San José ha participado este lunes, en el Palacio Miramar de San Sebastián, en la apertura del curso de verano de la UPV/EHU ‘Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco’, organizado por el Ejecutivo autonómico. A la inauguración también han asistido los viceconsejeros de Justicia, Alfonso Gómez, y de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Alfredo Retortillo.
En su intervención, la consejera ha justificado la organización del curso ante el “momento decisivo del modelo acordado sobre la gestión de las prisiones, una vez que hemos asumido su competencia integral”, y en el que “la definición del modelo penitenciario tiene todo que ver con la definición de la sociedad que queremos ser”.
En este sentido, ha considerado que “Euskadi se ha venido definiendo y construyendo, a pesar de todas las piedras y de toda la tragedia que provocó el terrorismo, como una sociedad integradora, que no abandona a nadie, y que garantiza los derechos de todas las personas, la inmensa mayoría que vive en libertad y la gran minoría que cumple penas de prisión”.
Por ello, tal y como ha explicado, al nuevo Departamento de Justicia y Derechos Humanos “le corresponde expresamente hacer valer esos derechos y hacer entender las decisiones que se adoptan para lograrlo”.
“La gestión penitenciaria se convierte así en un reto de inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso, porque todas las personas presas acaban saliendo de prisión, y la cuestión, la que nos mira a nuestra responsabilidad pública, es si cuando salgan lo hacen con arrepentimiento por el mal causado, con empatía hacia sus víctimas, con voluntad de reencontrarse con la sociedad y, cumplidas sus penas, formar parte de ella con los mismos derechos y obligaciones que el resto, y esto no ocurre siempre”, ha señalado.
San José ha incidido en que por ello “es tan importante no sólo nuestra voluntad política, sino la labor de los empleados públicos que prestan su servicio dentro de las prisiones y en los procesos de reinserción”.
“Son el tutelaje imprescindible para que culminemos con éxito este modelo penitenciario que nos proponemos consolidar”, ha asegurado, por lo que ha querido expresar su reconocimiento a estas personas “tan poco conocidas y reconocidas en nuestra sociedad, directamente despreciadas, secuestradas, asesinadas y perseguidas por el terrorismo”.
“SECUELAS DEL DOLOR”
La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha insistido en que “aunque no guste recordar nuestra tragedia más reciente, Euskadi consiguió acabar con ETA”, aunque ha destacado que “en nuestro entorno todavía están las secuelas del dolor generado en las víctimas, que no olvidan, y las consecuencias que los mismos asesinos se generaron para sí mismos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales con todas las garantías de sus derechos”.
“Puesto que también ellos saldrán de prisión cuando les corresponda”, ha apuntado, “les adelanto que no cejaremos en intentar conseguir que lo hagan admitiendo no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado”.
San José ha expresado su deseo de que “también a ellos”, como al resto de la población reclusa, “les podamos preparar para volver a las calles de una Euskadi que es justo lo contrario de lo que ellos combatieron” porque, según ha dicho, “a pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi era y es plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada”.
No obstante, la consejera ha querido aclarar que las personas condenadas por terrorismo “son apenas un 10% del total de quienes están internadas en nuestras prisiones”, y ha asegurado que el departamento que dirige “va a velar de forma idéntica por los derechos que tiene la totalidad y que merece una mirada completa, complementaria y colaboradora entre administraciones”.
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