MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid su séptima y última demanda colectiva por el cártel de coches, en este caso contra el fabricante de la marca Renault, así como frente a su matriz, a los que reclama una indemnización para los consumidores afectados.
Así lo anunció este jueves la organización en una rueda de prensa en la que explicó que reclama esta indemnización para “resarcir” a los propietarios que pagaron un “sobreprecio” en la compra de sus vehículos debido al acuerdo “ilegal” al que llegaron éste y otros 20 fabricantes de automóviles, según precisó en un comunicado.
De acuerdo con el análisis pericial efectuado, OCU solicita el 10,61% del precio de compra como indemnización por el “perjuicio” ocasionado a los consumidores que adquirieron un vehículo por un importe “superior al que realmente deberían haber pagado”.
Además, la organización considera que a esta cantidad se deben añadir intereses de demora, lo que equivaldría a una indemnización total de entre un 14% y un 17,5%, según la fecha de compra del vehículo.
Los afectados que pueden beneficiarse de esta acción colectiva son aquellos que compraron un vehículo de la marca Renault entre febrero de 2006 y julio de 2013, periodo en el que, según OCU, el fabricante de esta marca “formó parte del cártel ilegal” sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
FABRICANTES SANCIONADOS POR LA CNMC
Esta última demanda colectiva completa las distintas acciones que la asociación ha llevado a cabo contra los fabricantes que fueron sancionados por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia.
“Hasta ahora, cuatro de las demandas colectivas presentadas ya han sido admitidas a trámite”, subrayó la organización, que espera que ocurra “lo mismo” con esta nueva demanda, así como con las otras dos que se encuentran “pendientes” de admisión.
La asociación defendió que la demanda colectiva es la estrategia jurídica “más adecuada” para “llevar a buen puerto” una acción que juzgó “de gran importancia por el número de afectados, las características y la importancia que tendrá en el futuro para la defensa de los consumidores”.
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