MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha lamentado que la Administración “solo” reacciona “a golpe de situaciones de desbordamiento” de dispositivos de atención a migrantes.
“Lo más lamentable es que parece que al final solo se reacciona a golpe de situaciones de desbordamiento de los dispositivos”, asegura Valiente en una entrevista a Europa Press sobre los lugares de atención para personas migrantes.
Asimismo, precisa que la reforma de la Ley de Extranjería es “necesaria” ante la situación que ya existe, que ha agregado que requiere de un “mecanismo de solidaridad y de redistribución en el conjunto de las comunidades autónomas”. En este caso, se refiere a los 6.000 migrantes menores no acompañados que están en Canarias.
Precisamente, Gobierno y comunidades autónomas debatieron este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la modificación de la norma, pero sin llegar a ningún acuerdo, puesto que las autonomías del Partido Popular explicaron que no habían tenido “tiempo suficiente” de estudiar el texto. Además, las mismas expusieron que no tenían competencias y que debe votarse en el Congreso.
En cuanto a este encuentro, Valiente indica que, desde CEAR, son “muy pesimistas” en cuanto a la reacción que han visto, tanto en los medios de comunicación como en la Conferencia Sectorial que, a su juicio, dio “un paso atrás en la necesidad de llegar a un acuerdo amplio y generoso”. “Pero, en todo caso, vamos a seguir trabajando para que, finalmente, se pueda acoger en condiciones a las personas y a los menores, sobre todo, que vengan a nuestro territorio”, afirma.
En este sentido, precisa sobre la crisis de refugiados que atender a estas personas “es un esfuerzo por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas, por parte de la sociedad”, pero agrega que es “perfectamente asumido en una sociedad solidaria y democrática” como la española.
“MÁS ALLÁ DE NÚMEROS, SON PERSONAS”
En esta misma línea, explica que el año pasado, cuando se dio una situación de sobreocupación en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), “se vio cómo era perfectamente posible un sistema que derivara al conjunto de la Península y que hiciera que a las personas se les pudiera atender, no en las condiciones óptimas, pero por lo menos evitando situaciones extremas y dramáticas”. “Estamos convencidos de que, si se volviera a afrontar una situación como la que se vivió el año pasado, se habilitarán vías para poder atender a todas estas personas en las mejores condiciones. Porque tenemos que recordar siempre que son números importantes, pero más allá de números, son personas, y son personas, además, que pueden ser perfectamente atendidas en España”, subraya.
Por otro lado, en octubre del año pasado, ONG y organizaciones policiales denunciaron la “sobreocupación” de la sala destinada a procedimientos de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras las denominadas como escalas fraudulentas en vuelos procedentes de países africanos. De hecho, avisaron de que en enero se habían tramitado desde el aeropuerto las mismas solicitudes de protección internacional que todas las acumuladas en la mitad de 2023.
Respecto a esta cuestión, Valiente celebra que “afortunadamente, aunque tarde, se reaccionó por parte del Gobierno, se dotaron nuevos espacios que hay que seguir mejorando, pero hubo una reacción”. “El Gobierno lo que tiene que hacer es actuar ante la acción y dotar de dispositivos que den cabida a este tipo de situaciones, que se pueden producir en cualquier momento”, asegura.
También incide en que si no se está en condiciones de atender a las personas en el aeropuerto mientras se tramita su admisión o no en el procedimiento de asilo, se les debería autorizar la entrada, “porque evidentemente lo que no puede ser es que se repitan este tipo de situaciones”. “Yo espero que la experiencia vivida haya servido como un aprendizaje y que el Gobierno, con los recursos que tiene a su alcance, impida que se vuelva a reiterar una situación como la que vivimos, porque no es aceptable desde el punto de vista de los derechos de las personas que estaban allí. Y, desde luego, también desde el punto de vista de un país como España, que tiene la suficiente capacidad como para atender este tipo de situaciones puntuales en las mejores condiciones”, recalca.
Además, recuerda que, actualmente, hay una “enorme bolsa de personas” que están en España y que todavía no han podido formalizar sus peticiones de asilo. Para solucionar esta situación, Valiente considera que habría que incrementar el número de citas disponibles, así como el número de funcionarios que estén en condiciones de registrar estas solicitudes. “Es un problema gravísimo, que está dejando en un limbo a miles de personas que ni siquiera pueden formalizar su petición y esta situación se prolonga, a veces, durante más de un año”, asegura para añadir que CEAR está reclamando al Gobierno que se tomen “medidas extraordinarias” para poder atender estas peticiones.
“MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS” PARA ATENDER PETICIONES DE ASILO
En todo caso, Valiente advierte de que no se trata de una situación coyuntural, sino que ya es “una realidad estructural que solo puede ser atajada con medidas a largo plazo, con mayor dotación de recursos humanos y financieros para poder atender estas peticiones”.
En total, 163.220 personas solicitaron asilo en España durante el año 2023, lo que supone un 37% más que en 2022, según CEAR. Además, Valiente advierte de que este año “probablemente” se supere esta cifra. En todo caso, el director general de la organización dice que este 2024 se conocerá el plan de aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que España tendrá que decidir si aborda el incremento de las personas necesitadas de protección internacional sumándose “a esa concepción de la Europa fortaleza”, o encabeza “una reacción en la Unión Europea”.
Por otro lado, el Gobierno ha impuesto visados de tránsito en España a personas de Sudán y Chad que llegan a aeropuertos españoles, procedentes desde Marruecos. En este sentido, Valiente destaca que se trata de “una muy mala señal”. “Si se cierran las vías seguras o las pocas posibilidades para acceder a un país que ofrezca condiciones, pues lo que se está empujando a estas personas es que cada vez utilicen caminos más largos, más difíciles, con más riesgo de ser sometidos a la actuación de las mafias y de las vías más arriesgadas”, avisa.
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