SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
La abogada Alicia de Juanes ha advertido que la intervención de los servicios sociales en casos de violencia de género con menores “no siempre es correcta” y ha puesto de relieve “la falta de medios y profesionalidad”, aseverando que “no he visto ningún interviniente que sea psicólogo y psiquiatra” experto en materia de violencia machista.
Juanes, que ha participado este viernes en el Grupo de Trabajo de la Cámara autonómica andaluza relativo a lucha contra la violencia de género en Andalucía, ha subrayado que, sobre el papel “tenemos muchas leyes, pero el papelo lo aguanta todo y no se está produciendo lo que buscamos, que es proteger a mujeres y niños”.
En nombre de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, ha advertido que la violencia de género “puede producirse durante un periodo prolongado de tiempo, en que hay señales de alarma en los niños”, que se empiezan a notar desde el colegio, donde empieza la intervención de los derechos sociales.
Sobre esta intervención, la abogada ha indicado que “se abre un expediente a las mujeres sin informarlas de que ese expediente puede dar lugar a una retirada de la tutela de los niños”, esto es “no se informa sobre los derechos y las consecuencias de estas intervenciones”. En esta línea, ha lamentado que los planes de intervención que se abren en estos casos “son copia-pega de otros, por lo que la atención no es individualizada” y “no se hace un estudio mínimo de la persona”.
“Lo que sí me encuentro es que se culpabiliza a la mujer”, ha alertado De Juanes, destacando que “además de que están sufriendo violencia de género, las revictivizamos” y “no se realiza una explotación psicológica profunda”, dando lugar “a una incorrecta interpretación de esa persona”.
En este punto, ha explicado que, una vez iniciado el procedimiento, la situación de protección de los menores tiene distintas fases que adoptar, siendo una de ellas “que se utiliza en muy pocas ocasiones” la declaración de riesgo, esto es “los niños están con sus padres pero sometidos a una estrecha vigilancia”. El siguiente paso, “y el más traumático” es la declaración de desamparo, cuando los niños salen de su entorno.
A este respecto, ha lamentado que a la administración “se le va la mano con los procesos”, resaltando que “en la mayoría de los casos no hay una entidad suficiente para declarar el desamparo”, una situación que para los menores es “traumática e injusta”, así como para las madres “a las que no se le puede decir dónde y cómo están sus hijos”.-
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