MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso de la llamada ‘trama rusa’ del ‘procés’, ha rechazo aplicar la Ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont con el argumento de que los delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal no son amnistiables. Al afectar a aforados, el juez eleva al Tribunal Supremo la correspondiente exposición razonada en la que imputa estos delitos a Puigdemont y otras 12 personas.
De este modo el llamado ‘caso Volhov’ es ahora el obstáculo que impide que Puigdemont pueda ser amnistiado y pueda regresar a España. Aguirre eleva exposición razonada al Supremo para que investigue a los aforados Carles Puigdemont y Francesc Dalmases, que es diputado autonómico. En caso de que el Supremo asuma la causa será el tribunal que decida sobre la imputación de ambos y sobre las medidas cautelares que se les deben aplicar.
En esta causa también están investigados el expresidente catalán Artur Mas; Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència; Elsa Artadi, alto cargo de la Generalitat; el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; y su abogado, Gonzalo Boye. También figuran como investigados en esta causa Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.
El juez considera que todos ellos son integrantes de una trama que bajo la supervisión inicial de Mas y después de Puigdemont, habría mantenido contactos con intermediarios rusos que ofrecieron ayuda militar y financiera para el proceso independentista. Estos contactos habrían corrido a cargo de Terradellas y Alay.
Según el instructor, fue Artur Mas el que encargó a Terradellas de buscar apoyos internacionales para el ‘procés’. Después siguió colaborando con su sucesor al frente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que un día antes de la declaración de independencia, recibió en su residencia a “un emisario de Putin”, Nikolay Sadovnikov, que presuntamente ofreció 10.000 soldados rusos y el pago de la deuda catalana a cambio de legislación favorable a criptomonedas, una posibilidad que fue explorada por el Ejecutivo catalán, según el juez Aguirre.
La Ley de amnistía excluye el delito de traición, junto con el de terrorismo, de los supuestos en los que se puede aplicar el perdón “siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”.
Según el magistrado, “la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos” y si no lo hizo fue porque en el último momento Puigdemont tuvo “pánico” de las consecuencias. De no haber sido así el proceso secesionista habría continuado, asegura.
Según la investigación, tanto Terradellas como Alay hicieron viajes a Rusia para mantener contactos directos con responsables políticos cercanos a Putin, como el responsable de las comunidades rusas en el extranjero, Evgueni Primakov. Fruto de esos contactos se produjo la utilización de fondos públicos en el desarrollo de esas relaciones internacionales con países afines a la idea de la independencia de Cataluña.
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