MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia cómo el derecho a la protesta pacífica se ve amenazado en España por los nueve años de vigencia de las ‘leyes mordaza’ (Ley de Seguridad Ciudadana y doble Reforma del Código Penal), la impunidad de los abusos policiales, la demonización de la protesta, la persecución de activistas y, sobre todo, por “las infiltraciones de policías en los movimientos sociales”.
Bajo el título ‘Under-protected and over-restricted: The state of the right to protest in 21 countries in Europe’ (‘Infraprotegido y sobrerrestringido: el estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa’), el trabajo publicado este martes subraya “un patrón en todo el continente de leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas, cuyo resultado es un retroceso sistemático del derecho a protestar”.
“La investigación de Amnistía dibuja el panorama profundamente alarmante de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).
La investigación de Amnistía incluye casos de impunidad policial y ausencia de rendición de cuentas en numerosos países, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Suiza y Turquía.
IMPUNIDAD
En España, el juez a cargo de la investigación de la actuación policial por la que una chica perdió un ojo por una bala de foam durante las protestas en Barcelona contra el encarcelamiento de Pablo Hasél cerró el caso en mayo de este año, con la afirmación de que “se puso en peligro a sí misma” al participar en las protestas. Esta decisión está pendiente de apelación.
La Audiencia Nacional confirmó en marzo de 2024 la negativa del Ministerio del Interior a indemnizar a un hombre que perdió un ojo durante las protestas de octubre de 2019 en Barcelona. El argumento de las autoridades es que no puede probarse si el objeto fue una bala de goma utilizada por la Policía Nacional o una bala de foam utilizada por los Mossos d’Esquadra o cualquier otro material.
Cada vez más, los Estados utilizan nuevas tecnologías y herramientas de vigilancia para controlar selectiva y masivamente a manifestantes. Esto incluye actividades de rastreo y seguimiento, así como recopilar, analizar y almacenar datos, advirtió Amnistía.
Varios Estados han ampliado la vigilancia a través de la legislación sin introducir garantías adecuadas, por lo que “estas prácticas están abiertas a abusos generalizados”.
INFILTRACIONES
según AI, España representa “uno de los ejemplos de opacidad más flagrantes” en cuanto a las infiltraciones de policías en movimientos sociales.
En los últimos años, varios medios de comunicación (La Directa, El Salto, elDiario.es) han desvelado operaciones policiales de infiltración en movimientos sociales en Cataluña, Valencia y Madrid. El ministro de Interior, subraya AI, reconoció la existencia de estas operaciones policiales en una respuesta parlamentaria, en marzo de 2023, afirmando que no se trataría de agentes encubiertos regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la investigación de delitos, sino de “agentes de inteligencia” al amparo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la captación de información, bajo autorización administrativa y no judicial.
También rechazó proporcionar más información, alegando que estas operaciones son secretas conforme a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Por otra parte, en una comparecencia reciente ante el Congreso de los Diputados, el pasado 19 de junio, el Secretario de Estado de Seguridad confirmó la naturaleza de estas operaciones, añade AI.
DEMONIZACIÓN DE LA PROTESTA
Por otro lado, Amnistía denuncia “la demonización” de manifestantes y activistas. Destaca que las autoridades de Alemania, España, Italia y Turquía han tachado de “ecoterroristas” o “delincuentes” a los activistas por el clima y que, además, han actuado en su contra utilizando disposiciones legales sobre terrorismo y legislación destinada a combatir la delincuencia organizada y proteger la seguridad nacional.
En el caso de España, La Fiscalía General del Estado incluyó en su Memoria Anual de 2022 las actividades de las organizaciones climáticas XR y Futuro Vegetal bajo el epígrafe de “terrorismo nacional”. Un juzgado de Madrid desarrolla actualmente una investigación contra activistas de Futuro Vegetal por delitos de organización criminal.
En opinión de Amnistía, “Estados de toda Europa están incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas, eliminar obstáculos para la protesta y evitar intromisiones indeseadas en el ejercicio del derecho de reunión pacífica”.
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